Por Luisa Salomón y Ricardo Barbar

Prodavinci entrevistó a 40 personas que estuvieron encerradas en centros de cuarentena obligatoria del Estado. De estas, 31 tuvieron cuarentenas excesivas. En promedio, estas 31 personas permanecieron encerradas 29 días más del período establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

38 de los entrevistados tuvieron una prueba PCR, pero sólo 27 recibieron sus resultados. En promedio, los resultados llegaron entre 9 y 17 días después de que les tomaran la muestra, fuera del tiempo recomendado por la OMS.

27 estuvieron encerrados sin distanciamiento social, forzados a compartir habitaciones con desconocidos, lo cual aumenta el riesgo epidemiológico. 

Especialistas consideran que, bajo estas condiciones, esta política puede perjudicar el control de la epidemia de covid-19. 

Emely descubrió que estaba embarazada un día antes de cruzar la frontera hacia Venezuela. Llegó a Cúcuta junto a su esposo caminando desde Perú. Pasaron tres semanas por carreteras, subiendo y lanzándose desde gandolas que les daban un aventón, durmiendo en el suelo de estaciones de servicio. Sus primeras diez noches en Venezuela no fueron mejores: les tocó dormir en el suelo del terminal de autobuses en San Antonio del Táchira con un grupo de retornados venezolanos, vigilados por la Guardia Nacional. Debido a la política de cuarentena obligatoria en la frontera, Emely tuvo que dormir y compartir baño con desconocidos. Cuando llegó a su casa, 41 días después, se acercaba al séptimo mes de su embarazo sin haber tenido acceso a un chequeo médico.

A Diego le ordenaron subir a una ambulancia cuando llegó a su sesión de quimioterapia. Le habían practicado una prueba PCR siete días antes en el Hospital General del Sur de Maracaibo, donde cumplía su tratamiento oncológico. Nadie le informó el resultado. Diego se montó en la ambulancia y fue trasladado al Hospital Universitario de Maracaibo. Le dijeron que debía quedarse encerrado. Perdió la sesión de quimio de ese día y las que tocaban los siguientes 25 días. Estuvo asintomático durante todo ese tiempo.

María regresó a Venezuela después de visitar a su hijo en Colombia. En la frontera de Maicao le dijeron que los retornados debían cumplir cuarentena. No especificaron cuántos días sería su encierro. La primera semana durmió en el suelo de una escuela, compartiendo salón con 12 desconocidos. Uno de ellos tenía fiebre, pero lo dejaron ahí porque tuvo un resultado negativo en la prueba rápida de anticuerpos. Luego la trasladaron a un hotel donde le tocó dormir en una habitación junto a siete hombres y un niño. Estuvo en dos lugares más hasta que la enviaron a su casa, donde le indicaron 14 días adicionales de aislamiento. En total, estuvo 133 días encerrada.

Como respuesta a la pandemia de covid-19, las autoridades venezolanas implementaron una política de cuarentena obligatoria en hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) o instalaciones controladas por el Estado para todos los casos positivos de covid-19, incluyendo pacientes asintomáticos.

Los protocolos del Ministerio de Salud establecen que “todas las personas que ingresan al país se consideran casos sospechosos de covid-19 y deben cumplir cuarentena”. En las fronteras se habilitaron diferentes instalaciones (hoteles, posadas, escuelas, universidades y hasta instalaciones deportivas) para confinar a quienes regresaran al país. Estas instalaciones fueron llamadas Puestos de Atención Social Integral (PASI) donde, según las normativas, los venezolanos retornados pasarían 14 días de cuarentena. Hasta octubre, las autoridades reportaban 179 PASI en todo el país.

Prodavinci entrevistó a 40 personas que estuvieron encerradas en algunas de estas instalaciones entre abril y noviembre. Consultamos las fechas de inicio y fin de sus cuarentenas, si tuvieron diagnóstico con prueba PCR, los motivos por los cuales fueron encerrados y las condiciones de las instalaciones. Con base en sus respuestas, comparamos estos 40 casos con los criterios técnicos y estándares de atención definidos por la OMS y consultamos a dos especialistas para evaluar si, al menos en estos 40 casos, esta política fue efectiva para controlar la epidemia.

La cuarentena obligatoria se ha aplicado de forma excesiva 

Encontramos que 31 de las 40 personas entrevistadas cumplieron cuarentenas excesivas, en ocasiones bajo condiciones de hacinamiento, mala alimentación y sin acceso al servicio de agua corriente.

Estos entrevistados permanecieron encerrados en estas instalaciones 29 días en promedio por encima de lo que establece la OMS. Por ejemplo, Emely cumplió 31 días de exceso de cuarentena, Diego cumplió 15 días de más. El caso con mayor tiempo de encierro fue María: tuvo 123 días de exceso de cuarentena. Nunca presentó síntomas.

Para definir el exceso de cuarentena tomamos como estándar los criterios de aislamiento de la OMS, los cuales establecen que los pacientes asintomáticos pueden recibir el alta después de 10 días de aislamiento sin necesidad de una PCR negativa. Los pacientes que presentan síntomas pueden salir después de permanecer al menos 10 días aislados y tres días más una vez que terminen sus síntomas. Sólo 9 de los 40 entrevistados tuvieron síntomas.

Diversos estudios han probado que los pacientes con covid-19 son contagiosos durante la primera semana de la infección, incluso dos días antes de manifestar síntomas. Después de ese período, el riesgo de contagio disminuye considerablemente.

—Se sabe por estudios que más del 95% de las personas asintomáticas o pacientes con cuadros leves a moderados de covid-19 no son contagiantes después del séptimo día. Se establecen 10 días de aislamiento para mantener un margen de seguridad, porque más allá del día 10 se vio que no hay prácticamente posibilidad de contagio —explica Manuel Figuera, médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. 

Esto indica que los 31 entrevistados que tuvieron exceso de cuarentena estuvieron encerrados más días de lo necesario a pesar de no representar un riesgo real de contagio. Estas 31 personas estuvieron encerradas en distintos PASI, CDI, hospitales y en el Poliedro de Caracas, que fue habilitado como centro de atención. 

Los nueve entrevistados restantes reportaron cumplir menos días de cuarentena de los establecidos por la OMS. Una persona de este grupo ingresó al país por la frontera en Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, y estuvo recluida en una posada habilitada como PASI. Cumplió menos de 10 días de cuarentena porque evadió a las autoridades y evitó un traslado que la hubiese forzado a cumplir más días de cuarentena en otra instalación. Las otras ocho personas coincidieron en que llegaron al país por vía aérea y recibieron el alta en menos de una semana, cuando recibieron los resultados de sus pruebas PCR.

Al inicio de la epidemia, los protocolos del Ministerio de Salud venezolano exigían dos pruebas PCR negativas como requisito para dar el alta. Estos protocolos fueron actualizados en junio, el mismo mes en que las autoridades flexibilizaron el confinamiento en el país a pesar de que los casos estaban en aumento. Contrario a los criterios de la OMS y la opinión de especialistas, los protocolos todavía exigen un resultado PCR negativo para dar el alta y establecen que, en todos los casos, las personas deben cumplir 14 días adicionales de cuarentena en sus residencias. 

Los retrasos de diagnóstico afectan los tiempos de encierro

La principal diferencia que encontramos entre los entrevistados que tuvieron exceso de cuarentena, y quienes no, fue el acceso y los tiempos de resultados de las pruebas de diagnóstico PCR. 

A 38 de los 40 entrevistados les tomaron muestras para pruebas PCR, pero sólo 27 de ellos conocieron su resultado. En todos los casos los resultados fueron entregados con retraso.

En promedio, los entrevistados pasaron 12 días encerrados antes de que les tomaran la primera muestra para PCR. Quienes recibieron resultados esperaron nueve días en promedio para recibir sus primeros resultados y 17 días en promedio para recibir los resultados de la segunda muestra. 

Los ocho entrevistados que llegaron por vía aérea y no tuvieron exceso de cuarentena reportaron que les tomaron la muestra PCR el mismo día de su llegada o el día siguiente. Sus resultados demoraron entre dos y cinco días.

Para determinar los retrasos de diagnóstico tomamos como referencia las orientaciones de la OMS, las cuales establecen que el diagnóstico de covid-19 debe hacerse con prueba PCR y que el “tiempo máximo razonable” de espera de los resultados es 24 horas.

La prueba PCR (prueba de reacción en cadena de la polimerasa) es un estudio de laboratorio que detecta material genético del virus en el organismo. Se considera la prueba más eficiente y confiable para diagnosticar covid-19, pero su utilidad para la estrategia de control depende de que se haga lo más rápido posible porque los pacientes son contagiosos incluso antes de tener síntomas. El diagnóstico temprano permite aislarlos, rastrear sus contactos y evitar que propaguen la enfermedad. Hacer la prueba y aislar a los casos positivos después de la ventana de contagio pierde sentido, pues ya no son un riesgo de propagación. 

Debido a su alta sensibilidad, esta prueba puede detectar el virus incluso cuando la carga viral es muy baja y el paciente no es contagioso. Por eso, los criterios técnicos de la OMS consideran innecesario exigir una prueba PCR negativa como requisito para dar el alta. 

Al comparar los datos de los entrevistados, encontramos que mientras más tiempo tardaron en recibir los resultados de la prueba PCR, más días se extendió su cuarentena.

Si se toma la muestra después de la primera semana de infección, la prueba pierde utilidad para el control de la epidemia y el resultado se puede ver afectado. La OMS señala en sus criterios de diagnóstico que varios factores pueden provocar un falso resultado negativo de PCR, entre ellos: si la muestra es deficiente o tiene poco material del paciente, si fue manipulada o trasladada en condiciones inapropiadas o si “la muestra fue recogida en una fase tardía de la enfermedad”.

Los retrasos en la toma de muestra y entrega de resultados de las pruebas PCR han sido constantes en Venezuela. Una de las razones es que no hay suficiente capacidad de procesamiento. Hasta julio, había sólo dos instalaciones para procesar las PCR: el Instituto Nacional de Higiene en Caracas y un laboratorio móvil instalado en Táchira. Las autoridades no reportan cuántas pruebas se hacen al día. En Prodavinci estimamos que, hasta julio, el país había hecho sólo 16% de las pruebas necesarias para seguir el ritmo de la epidemia. Ahora en diciembre, las autoridades han anunciado que hay 6 centros y un laboratorio móvil habilitados para procesar muestras PCR. Todos controlados por el Estado. Los directivos de clínicas privadas, como la Ávila y la Metropolitana, en Caracas han reportado que tienen capacidad de procesar pruebas PCR, pero el gobierno no los ha autorizado. Se sabe que al menos una clínica privada en Caracas hace pruebas PCR, pero no se sabe si tienen autorización oficial.

Además de los retrasos, algunos de los entrevistados dijeron que las autoridades les comunicaron los resultados pero no les permitieron verlos directamente. Verónica, una estudiante universitaria que vivía en una residencia estudiantil en Caracas, fue recluida en un hotel después de que las autoridades hicieran una jornada de despistaje con pruebas rápidas serológicas en su edificio. Le dijeron que su prueba había resultado positiva, pero no le permitieron verla. Tomaron una muestra para PCR. La trasladaron caminando al Hotel President, donde estuvo aislada en una habitación. Seis días después tocaron a su puerta y le dijeron que su PCR había resultado positiva:

“Lo primero que pedí fue que me dieran el resultado de mi prueba. El doctor me dijo que no lo tenía, sólo le llegaban por un grupo de WhatsApp los nombres de las personas que debían trasladar, pero que no podía negarme a seguir un procedimiento médico. Llegó una ambulancia y nos trasladaron a cuatro personas al Hotel Alba, donde nos metieron en una misma habitación. Durante ese tiempo me di cuenta de que en la página web del Instituto de Higiene había salido mi resultado de la PCR. Era negativo. Al comentarle a la doctora del hotel, me dijo que no entendía por qué estaba yo ahí, pero que igual debía esperar a que me realizaran otra PCR con resultado negativo, ya que al momento de ingresar al hotel con otras personas que sí eran positivos podía haber corrido el riesgo de contagiarme”. 

Verónica estuvo aislada 18 días y le ordenaron cumplir otros 14 días más de cuarentena en casa. El día que le dieron el alta todavía no había recibido el resultado negativo. No supo por qué los sacaron del hotel.

Venezuela basa la política de cuarentena en pruebas inadecuadas

Hay otro problema de diagnóstico que afecta la política de cuarentena obligatoria: Venezuela basa todo el proceso en pruebas rápidas serológicas, cuyos resultados no son confiables. Según datos reportados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más del 90% de las pruebas aplicadas en Venezuela hasta el mes de julio fueron pruebas serológicas. Sólo entre 5 y 6% fueron PCR. 

La OMS establece que estas pruebas rápidas no se deben usar para diagnóstico porque no detectan el virus sino los anticuerpos generados por el organismo, tienen baja sensibilidad y son propensas a resultados erróneos:

“Las pruebas serológicas no deben utilizarse por sí solas como medio de diagnóstico para identificar casos agudos en la atención clínica o con fines de localización de contactos (...) Un diagnóstico fiable de la infección por covid-19 basado en la respuesta de anticuerpos de los pacientes, a menudo sólo será posible en la fase de recuperación, cuando ya habrán pasado las oportunidades de intervención clínica o de interrupción de la transmisión de la enfermedad”. 

—Tomar decisiones con base en una prueba serológica de detección de anticuerpos es totalmente inadecuado —explica Manuel Figuera—. Si alguien resulta positivo a esta prueba y no tiene síntomas, lo más probable es que indique que sufrió la infección hace semanas o meses y tiene la prueba positiva como consecuencia de una infección pasada. Estas pruebas de sangre no logran establecer que la persona tenga una infección activa y pueda ser actualmente contagiosa. Lo que hay que entender es que los casos activos se aíslan para evitar que contagien de manera eventual a  personas susceptibles, y sólo las pruebas directas, como la PCR-RT o las de determinación de antígenos en muestras respiratorias, son las que pueden determinar quién podría estar positivo y ser potencialmente contagiante.

Sin embargo, los protocolos del Ministerio de Salud establecen que quienes ingresan al país, considerados casos sospechosos, deben tener una prueba rápida serológica. Si da positivo, entra a una instalación de cuarentena. Si da negativo, la persona debe entrar a cuarentena en una de las instituciones del estado. Una semana después debería tener otra prueba rápida serológica. Sólo después del décimo día, cuando ya la persona cumplió el tiempo de cuarentena establecido por la OMS, es cuando el Ministerio de Salud establece que se debe tomar la muestra para PCR y debe permanecer encerrado mientras espera los resultados. 

Si la persona tiene un resultado positivo en la prueba rápida serológica, aunque es posible que ya no sea contagiosa, el protocolo dice que se debe tomar una muestra PCR para confirmar diagnóstico. Si el PCR resulta positivo, la persona debe ser trasladada a un centro centinela. Pero no siempre hay centros centinelas cerca, especialmente en la frontera. En Prodavinci detectamos que la política de centros centinela designó más instituciones en las ciudades que en las zonas rurales.

—Esas pruebas serológicas son muy malas en todas partes del mundo. No es que sean de mala fe, es que la técnica es mala. Hay positivos que no son positivos y a muchos positivos la prueba les sale negativa. Entonces no sirve. Es como tirar una moneda al aire. Si partes de una pesquisa mala, el resultado de lo que hagas va a ser malo —afirma el médico infectólogo Julio Castro, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.

En noviembre, la OCHA reportó que “se estima que se están haciendo 4000 pruebas PCR diarias, un aumento de 150% con respecto a julio”, pero no informó el número total de pruebas realizadas. También informó que las autoridades han recibido 340.000 tests de antígenos entregados por la Organización Panamericana de la Salud, mucho más eficientes y confiables para los diagnósticos. Sin embargo, las autoridades venezolanas siguen sin publicar datos oficiales diferenciados de las pruebas realizadas. Los protocolos del Ministerio de Salud siguen priorizando las pruebas rápidas serológicas y no hay datos públicos del uso de las pruebas de antígenos.

Las condiciones de encierro en algunos centros representan un riesgo epidemiológico

26 de los 40 entrevistados reportaron que fueron obligados a cumplir la cuarentena durmiendo en habitaciones o salones compartidos con desconocidos y otros 4 entrevistados dijeron que estuvieron expuestos al compartir el baño, áreas comunes o incluso reuniones y fiestas. En algunos casos, había personas con resultado positivo de pruebas rápidas serológicas entre ellos. 

Entendiendo que los resultados de las pruebas rápidas pueden ser erróneos, compartir espacios y habitaciones cerradas expone a todos a un riesgo mayor. Aun al separarlos entre resultados positivos y negativos, podrían haber falsos negativos exponiendo a personas sanas y falsos positivos expuestos entre personas con resultado positivo.

“Después del día 11 de la cuarentena, nos realizaron el hisopado y pasaron otros 11 días hasta que empezaron a llegar algunos resultados de las pruebas PCR. Nombraron algunos positivos, entre esos yo. Nos apartaron de los demás y nos dijeron que vendrían al día siguiente para llevarnos a otro lado a recibir tratamiento. Éramos 26. Pasaron seis días hasta que vinieron por nosotros. Pero no sólo nos llevaron a los 26, se llevaron a los demás también porque dijeron que igual tenían el virus aunque no mostraron un resultado ni nada, sólo tenían una lista en una hoja”, contó Ernesto, uno de los entrevistados, quien estuvo encerrado 50 días entre cuatro instalaciones de Apure y una de Barinas.

“En el Hospital Universitario de Maracaibo una compañera residente se contagió. Nos suspendieron a todo el grupo de residentes por sospecha de contagio. Me ordenaron permanecer en mi casa. A los 16 días de cuarentena obligatoria, a eso de las siete de la noche, vino Epidemiología Regional para trasladarme a un CDI porque debía cumplir tratamiento. Me internaron en una habitación junto a cuatro personas. Estuvimos siete días compartiendo el mismo baño y el mismo espacio sin aire acondicionado ni ventiladores. Tuve que llevar mi propio ventilador. Nos tomaron una muestra PCR y nos dejaron salir del CDI con una prueba rápida serológica negativa. Me mandaron 14 días más de aislamiento domiciliario. El resultado de la PCR nunca llegó”, dice Gerardo, residente de Cirugía General.    

Las condiciones de alojamiento de las 40 personas entrevistadas no cambiaron durante la espera de los resultados PCR. Esto quiere decir que quienes compartían alojamiento permanecieron juntos por los 11 días en promedio en que demoraron los resultados. Al estar expuestos constantemente, los resultados no eran confiables para el momento en que llegaban. Durante la espera, las personas que dieron positivo podrían no ser contagiosas y quienes dieron negativo pudieron haberse contagiado.

23 de los 40 entrevistados reportaron que cumplieron cuarentena en más de una instalación. Los traslados entre diferentes instalaciones se hicieron en autobuses, que son entornos cerrados, y en algunos casos los entrevistados dijeron que no se cumplió el distanciamiento social. 2 de los entrevistados fueron trasladados hasta cuatro veces, incluso volvieron a sitios previos donde ya habían cumplido cuarentena. 

Estos problemas se agravan dadas las condiciones de algunos centros. 24 de los 40 entrevistados reportaron que no tuvieron acceso a agua corriente, debían compartir baños y no siempre tenían suficientes implementos de higiene personal. Lavarse las manos es la medida principal de prevención de la enfermedad.

La OMS también ha publicado orientaciones para el saneamiento de agua y manejo de desechos en instalaciones con pacientes de covid-19. La organización destaca la importancia de garantizar el acceso al agua potable para la higiene de trabajadores y pacientes sospechosos o confirmados de covid-19. Esto incluye la higiene personal, lavar su ropa de vestir y de cama, aseos adecuados y accesibles, con inodoros separados para pacientes confirmados y sospechosos. “Si no es posible proporcionar inodoros separados para los pacientes con covid-19, los inodoros que se compartan con otros pacientes sin covid-19 deberán limpiarse y desinfectarse con mayor regularidad (por ejemplo, al menos dos veces al día por un limpiador capacitado)”, dice la OMS. 

“Cuando llegaba agua, el tanque se llenaba tanto que se desbordaba, caía en un techo de zinc y formaba unos chorritos. Lo llamamos ‘la cascada’. Ahí nos bañamos como desde el cuarto o quinto día. Todo el mundo peleaba por el chorrito, nada de distanciamiento. Había sólo dos baños para las 180 personas. Eran baños de escuela, de niños, estaban en pésimas condiciones. Yo pasé hasta cinco o seis días sin ir. Al principio nos pusimos de acuerdo y cada salón tenía el trabajo de limpiar el baño por día, pero después de la primera semana nadie volvió a limpiar. Detrás de la escuela había un campo. Lo empezaron a llamar Vietnam, porque todo el mundo tomó la costumbre de ir para allá a hacer lo suyo y cada vez que pasabas tenías que tener cuidado para no pisar una mina”, relató Eduardo, un joven que cumplió 22 años durante los 40 días que estuvo encerrado entre dos escuelas de Apure y una fundación en Puerto Ordaz.

Además de los problemas de agua, 29 entrevistados reportaron que la alimentación en los centros era deficiente. No les daban suficientes alimentos y, en algunos casos, la comida estaba en mal estado. El agua potable era insuficiente o difícil de conseguir.

“Llegamos de Bogotá. Nos trasladaron a la Villa Olímpica de Barquisimeto como a las tres de la madrugada. Nos metieron en una habitación con cinco adultos y un niño. Nos dieron unas arepas amarillas frías con mortadela rallada. A eso de las cuatro y media de la madrugada, mi bebé empieza con diarrea y vómitos. Las otras cinco personas vomitaron y tenían diarrea. Había un solo baño y no tenía agua. Así íbamos, sin poder hacer nada para bajar la poceta. Cuando amaneció pedimos ayuda. No nos hacían caso. Nos habían encerrado con llave en la habitación. Mi esposo habló con unos señores a través de la ventana para que nos dieran agua porque los niños pedían y no teníamos nada. Nos dieron agua y con una cocinita eléctrica le preparamos suero oral a mi bebé. Ese mismo día, en la tarde, como no nos atendían, mi esposo tumbó la puerta porque mi hijo estaba muy débil. Nos trasladaron a mi bebé y a mí a un hospital de Barquisimeto. Mi bebé llegó muy mal y murió de un paro. Ese día se me fue la vida. Mi bebé tenía un año y nueve meses. Luego trajeron a cinco niños que también tenían los mismos síntomas”, cuenta Karina, quien estuvo encerrada 16 días. 

Después de la muerte de su hijo, separaron a la familia. Karina fue enviada a un CDI, llevaron a su hija a casa de unos familiares y su esposo, a quien dejaron ir al hospital el día de la muerte, regresó a la Villa Olímpica. Seis días después llegó su resultado PCR y Karina regresó a casa. Siete días después llegó su esposo.

Por otro lado, los entrevistados que estuvieron fuera de hospitales o CDI reportaron que en las instalaciones de cuarentena no había médicos de forma permanente. La respuesta a emergencias médicas no relacionadas con covid-19 a menudo quedaba en manos de los responsables de la instalación, que podían ser concejales, Guardia Nacional o miembros de la milicia. 

“Había un señor que venía con sonda. Se vino a Venezuela para operarse en Margarita. Durante la cuarentena se le rompió la bolsa donde se deposita la orina, pero costó para que lo llevaran al hospital a que le cambiaran la sonda. Se le había dicho a los médicos cubanos y venezolanos que iban para la posada. Los guardias no lo llevaron hasta que le dio fiebre y no se pudo levantar una mañana. Lo llevaron al hospital y lo dejaron pasar la noche allá. Al día siguiente no hubo quién lo trajera a la posada y, como conocía Santa Elena, se vino caminando solo”, contó Pedro, quien estuvo en cuarentena 26 días entre una posada de Santa Elena de Uairén y una fundación en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. 

“Algunos guardias nacionales, con los que estoy bastante agradecido, cooperaron conmigo. Cuando mi hija se enfermó del estómago por el medicamento que nos dieron los médicos, un guardia le conseguía agua de coco y preguntaba cómo se sentía. Pero hubo un caso de una muchacha que estaba embarazada y la trasladaron cuando llegó el momento de dar a luz. En el hospital le hicieron una cesárea y a los seis días la regresaron a la escuela. Le armaron una cama con los estantes, juntaron unas colchonetas y ahí le hicieron una cuna para ella y el bebé. Todo eso, en las malas condiciones que teníamos: los baños llenos de heces fecales y aguas negras. Nos daban muy poquita comida. Yo rebajé unos 15 kilos”, contó Andrés, quien estuvo encerrado 53 días entre tres escuelas de Apure y un hotel en Guatire, en Miranda.

El personal médico asistía a las instalaciones de cuarentena para hacer las pruebas, anunciar diagnósticos y administrar los tratamientos establecidos por el protocolo ministerial. 22 de los 40 entrevistados reportaron que recibieron algún tratamiento contra la covid-19. 

Las autoridades les administraron diversas medicinas, como acetaminofén y azitromicina, pero los entrevistados coincidieron en recibir cloroquina. El protocolo de manejo clínico del Ministerio de Salud para pacientes con covid-19 incluye dos derivados de ese medicamento.

La cloroquina es un medicamento utilizado para tratar el paludismo, otra de las epidemias que enfrenta Venezuela. Esta droga fue incluida en el ensayo Solidaridad, impulsado por la OMS para estudiar tratamientos potencialmente efectivos contra la covid-19. En julio, la OMS interrumpió los ensayos con hidroxicloroquina al recibir los primeros resultados provisionales del estudio porque no encontraron mejoría en los pacientes hospitalizados y detectaron efectos adversos en algunos de ellos.

—La droga más estudiada hasta ahora para covid-19, de la que hay más datos, es la cloroquina y no sirve. Es una droga que puede dar arritmia, que no es inocua —dice Julio Castro. 

Al menos dos de las personas consultadas dijeron que no querían recibir el tratamiento, pero les dijeron que no podían negarse.

“Me contagié en una de mis guardias. En el segundo CDI donde me llevaron, me obligaron a cumplir tratamiento con cloroquina y azitromicina. Nos entregaban las tabletas en las manos y se quedaban viendo que uno se tomara el tratamiento. Si el paciente preguntaba, decían que eso era para curarnos y que no tenían permitido dar más información. En ningún momento nos hicieron firmar consentimiento informado ni nos explicaron los posibles riesgos a la salud, dado que ese tratamiento puede causar problemas cardíacos. Yo tuve taquicardia y dificultad respiratoria cuando tomé las primeras dosis”, dice Alberto, médico residente de Maracay, quien estuvo encerrado 22 días. 

—Eso viola derechos humanos fundamentales. Tenga la enfermedad que tenga, no puedes obligar a nadie a que tome un medicamento. Puedes obligarlo a estar en cuarentena por un tema de seguridad nacional. Si viene un tipo con ébola y quiere estar por ahí, el Estado tiene la potestad para encerrarlo, pero no lo puedes obligar a tomarse un medicamento que no se quiera tomar —dice Castro.

El encierro obligatorio afectó también los ingresos de las personas entrevistadas. Quienes tuvieron exceso de cuarentena no pudieron trabajar durante el encierro y muchos dependieron de sus familiares o gastaron ahorros para mantenerse durante esos días. Aunque la política es obligatoria y, en teoría, el Estado es responsable, 31 de los 40 entrevistados reportó que tuvo que gastar dinero propio o recibir ayuda de familiares para mejorar sus condiciones durante el encierro.

Los 14 que retornaron por tierra y estuvieron encerrados en albergues PASI dijeron que requerían dinero para comprar agua, comida y artículos de higiene personal que no eran suficientes. 

“Llegué a la frontera de Maicao después de caminar desde Ecuador en un trayecto de 34 días. Al cruzar a Venezuela nos trasladaron a la Universidad Nacional de la Seguridad en San Francisco, Zulia. Éramos 17 caballeros en un mismo salón. La gente se agarraba las cosas de los demás, porque nos daban pocos artículos. Si estabas solo te daban un cuartico de jabón y un poquito de crema dental en un papelito para que te cepillaras. Eso no duró nada. Uno tenía que hacer milagros para poder comprar por fuera porque los policías, la guardia, no querían dejar pasar a nadie con nada”, contó Oscar, quien estuvo 49 días encerrado entre la UNES en Zulia y un PASI en Barinas. “Duramos más tiempo encerrados que caminando desde Ecuador”, dijo.

Los 10 entrevistados que estuvieron encerrados en hospitales, CDI y el Poliedro usaron dinero para comprar sus tratamientos o dependían de su familia para recibir comida buena y suficiente durante la cuarentena.

De los 40 entrevistados, sólo 7 tuvieron la opción de elegir el sitio de aislamiento, todos ellos estuvieron en cuarentena al regresar al país por vía aérea. Pero elegir la instalación también dependía del dinero. Si querían evitar la cuarentena en el “hotel sanitario” que manejaba el Estado, debían pagar el alojamiento en hoteles privados aprobados por las autoridades. Si bien este grupo no tuvo exceso de cuarentena y tuvo alimentación adecuada, su encierro costó entre 35 y 90 dólares por noche. Para algunos, fue más caro regresar que haber salido de viaje. 

“El día anterior al vuelo nos enviaron un correo con los hoteles donde nos podíamos hospedar durante la cuarentena. Había hoteles caros como el Eurobuilding y el Marriott, que costaban entre 80-90 dólares la noche. La otra opción era irte a lo que ellos llaman ‘hotel sanitario’ en Los Caracas, donde meten a los casos positivos. Yo no tenía para el más costoso, pero tampoco me quería ir a ese. Cuando llegamos a Maiquetía hablé con un funcionario y le dije que no me quería ir a Los Caracas porque tengo una condición de salud, soy paciente oncológico, tengo un problema pulmonar y no puedo estar cerca de personas que tengan covid. Ante eso, me ofrecieron un hotel más barato, costaba 35 dólares la noche. Este hotel parece que estaba en la lista, pero no nos lo habían mostrado”, contó la señora Vida, quien estuvo aislada por seis días en La Guaira, Vargas. Entre el hospedaje y el traslado a Mérida, el estado donde vive, gastó 550 dólares más 500 euros que costó el pasaje del “vuelo humanitario” desde Madrid a Caracas.

En estas condiciones, la política de cuarentena obligatoria puede perjudicar el control de la epidemia

Los médicos Castro y Figuera coinciden en que el aislamiento sigue siendo la medida aprobada para cualquier caso sospechoso, probable o confirmado de covid-19. Sin embargo, tan importante como la medida es la forma como se implementa. 

—Al final resulta un gasto de recursos innecesario si aislamos a todos los pacientes positivos, lo cual es imposible porque siempre hay un subregistro importante. De algún modo se está asumiendo que las personas no van a hacer caso. Eso no necesariamente es correcto. Puedes educar a las personas para que puedan estar aisladas en sus casas. Esto representaría un ahorro de gastos para el Estado, que pudiera dirigir esos recursos a los centros donde más haga falta —dice Manuel Figuera.

Dadas las condiciones, la política sería más eficiente si estuviese enfocada en un verdadero aislamiento más allá de los resultados de las pruebas. Julio Castro sostiene que el Estado podría dejar de hacer pruebas en las fronteras y decidir que todos los que entren al país pasen por 10 días de aislamiento real, sin compartir habitaciones. De esa forma, la política sería más eficiente para evitar la propagación de la epidemia, se acabaría el exceso de cuarentena y se ahorrarían recursos de pruebas mal utilizadas.

—Lo peor, en términos de políticas públicas, es que no haya un algoritmo claro sobre el cual la persona se pueda defender. Si la norma del ministerio es que todo el mundo entre en cuarentena por 15 días cuando llega al país, pues ya la persona sabe. No puede ser discrecional. Eso es muy negativo en términos de la estrategia de la pesquisa, pero también en el tema de derechos humanos. Hay mucha variabilidad en las formas y, como se dice, la cuarentena depende mucho de quién te toque y cómo te toque —dice Julio Castro.

La incertidumbre sobre el cumplimiento de los procesos y la falta de educación a la población sobre los métodos pueden afectar los esfuerzos de control de la epidemia. Si además la población percibe las medidas como un castigo, quienes se sientan mal o muestren síntomas podrían tener incentivos para esconderse y no reportar los casos. 

“Yo tuve síntomas fuertes y me costaba respirar. Me ingresaron en un CDI. A los seis días dejé de tener síntomas, pero no llegaban los resultados de mi prueba PCR y no me dejaban salir. Estuve 32 días encerrado con otras personas en la misma sala. Dos murieron y estuvimos con sus cadáveres por horas mientras los recogían. Mientras tanto, en mi casa también enfermaron, mi suegra estuvo mal, pero como mi esposa había visto cómo me habían atendido a mí, decidió dejarla en casa, la atendió con bombona de oxígeno y todo”, contó Zever, quien estuvo encerrado en un CDI de Ciudad Ojeda, en Zulia.

La percepción de las medidas empeora si desde las autoridades se maneja un discurso estigmatizante hacia las personas contagiadas o casos probables de covid-19. 

En Venezuela, varias autoridades han señalado como “armas biológicas” a los ciudadanos que regresaron al país, especialmente a quienes cruzaron por pasos ilegales o trochas, por considerarlos partes de un supuesto plan para contagiar personas y aumentar los casos de covid-19 en Venezuela. En algunos casos han sido amenazados con prisión. 

—Sufrir covid-19 no es un crimen. Cuando las personas han tenido un aislamiento excesivo y casi que obligado, se riega la voz y eso asusta a los demás. Esto desacredita las medidas de salud porque la gente tiene miedo de que los detengan y los incomuniquen. El problema del manejo policial es que ocurra el peor escenario: la gente no acude a los centros, no busca hacerse las pruebas y a veces terminan yendo cuando la enfermedad ya está avanzada —dice Manuel Figuera. 

—Aplicada de esta forma, esta política es contraproducente. Es difícil estimar cuál es su impacto negativo, pero claramente es algo que está reñido con una normativa expresa de derechos humanos. Desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, logras justo lo contrario: estás generando un incentivo negativo para que la gente no reporte la enfermedad. Eso no ayuda al control de la epidemia, porque probablemente esa gente termine contagiando más al esconderse que si acude al médico —afirma Castro. 

Entre los 40 entrevistados, al menos 26 reportaron sentirse discriminados, intimidados o amenazados por parte de autoridades o encargados de las instalaciones del Estado. 

“Cuando aterrizamos, nos bajaron del avión en medio de la pista. Todo estaba lleno de policías o militares, no sé, todos armados. Pensé que éramos El Chapo. Nos quitaron los pasaportes, tomaron nuestros datos y nos montaron en un autobús. Nadie nos decía para dónde íbamos. Al tercer día en Los Caracas nos cansamos de no tener resultados, salimos todos de las cabañas a protestar. Los pobres tipos de la milicia estaban asustados. No se nos acercaban, como si tuviéramos lepra. Decían: ‘están poniendo en riesgo nuestra salud’. Yo le decía a mi esposo que podíamos irnos huyendo porque no nos iban a tocar”, contó María Alejandra, quien estuvo cuatro días en el “hotel sanitario” de Los Caracas, en La Guaira.

“Después de 21 días encerrada en un CDI en Antímano, en Caracas, quise salir y me trataron como si fuese una fugitiva. Yo les dije que soy enfermera, trabajo en un hospital y ya había pasado el período de ventana para contagiar a otros. Quería irme, pero me rodearon hacia una pared, entre un guardia nacional, la secretaria, el miliciano y un señor de seguridad. Me decían que era una amenaza, que si no era por las buenas me iban a traer las FAES. Me encerraron ahí con un poco de pacientes, me dijeron que mi PCR dio positivo y me mandaron a un hotel en El Paraíso. Al tercer día hablé con un médico y le pedí que revisara mi caso. Cuando lo hizo, vio que mi prueba era negativa”, contó Gladys, una enfermera que estuvo encerrada 24 días en Caracas después de tener un cuadro leve de covid-19.

“Tenía 26 días esperando en un hotel por el resultado de mi prueba PCR. Le reclamé al concejal a cargo y se arrechó. A los cinco minutos me fue a buscar porque dijo que salí positivo en la prueba PCR. Le exigí el papel y no me lo quisieron dar. Me trasladaron al Hospital Chiquinquirá donde estuve 20 días más. Me hicieron más de 20 pruebas rápidas y cuatro PCR. Nunca recibí los resultados”, cuenta Joaquín, quien estuvo encerrado 65 días en cuatro instalaciones en Zulia. 

Roberto, quien estuvo tres semanas en una posada de Santa Elena de Uairén, dice que les quitaron la cédula durante toda su estadía. “Yo digo que estábamos detenidos. Te amenazan. Los guardias decían que si queríamos nos íbamos, pero nos recordaban a cada rato que Maduro dijo que nos iban a acusar de bioterroristas. El portón nunca tuvo llave, pero nadie se atrevió a irse”.

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27 de los 40 entrevistados pidieron mantener reservada su identidad por temor a sufrir represalias. Por ese motivo, algunos de los nombres usados en este trabajo son seudónimos. 

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