Por Valentina Oropeza

Escoltado por dos policías, el pastor se detuvo frente a los barrotes de la celda. Mujeres y niños se levantaron del suelo, intentaron tocarlo a través de la reja. Hablaban al mismo tiempo, como si cada uno tratara de imponer su voz sobre las demás. El pastor inhaló para evitar que la suya se quebrara. “Tengan paciencia, estamos trabajando para sacarlos de aquí”. Le mostraron a una bebé de cuatro meses. Eliezer Torres no entendió por qué los trataban como delincuentes. 

Aquel calabozo bien iluminado y de paredes claras alojaba a 25 personas: 16 niños y nueve mujeres venezolanas. Entraron irregularmente a Trinidad y Tobago en una lancha que partió desde la costa oriental venezolana, y fue detenida por las autoridades trinitarias el martes 17 de noviembre de 2020, en pleno cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus. El sábado 21, cuando los visitó el pastor, los niños y las mujeres cumplían cuatro días detenidos.  

Seis niños viajaron sin madre ni padre, seis eran maltratados en casa, dos padecían condiciones cardíacas y no tenían acceso a tratamiento en Venezuela. Varias de las mujeres vivían separadas de sus esposos porque habían huido a Trinidad para trabajar y enviar remesas. Todos compartían la misma dificultad para sobrevivir en Delta Amacuro, el estado más pobre de Venezuela, donde la pobreza por ingresos alcanza al 98% de la población, según cálculos de la consultora independiente Anova.

Uno de los padres le contó al pastor que había acudido al consulado de Venezuela en Puerto España. Un funcionario lo llamó irresponsable, cómo se le ocurría mandar a sus hijos solos en un bote. Eliezer decidió apoyarlos cuando supo que ninguno hablaba inglés. Estaba cansado de ver a los venezolanos inhibirse ante la policía o los oficiales migratorios por desconocer el idioma. 

Lo primero fue ayudar a Nafeesa Mohammed, la abogada trinitaria que aceptó el caso, a hacer una lista con los nombres, apellidos y edades de los 16. También recabó información sobre el estatus migratorio de cada familiar en Trinidad, a fin de presentar el caso ante el juez que tomaría la decisión de autorizar o rechazar la estadía del grupo en la isla. La investigación le permitió al pastor hacerse una idea de quién era quién cuando llegó al calabozo. 

El grupo que viajó sin acompañantes estaba integrado por una niña de cuatro años, dos niñas de 11, un niño de 12, otro de 13 y uno de 17. Ocho estaban con sus madres: tres hermanos de dos, siete y 11 años; tres hermanos de tres, seis y 12; y dos hermanos de cinco y nueve. También una joven de 17 con su hija de cuatro meses, la menor de los 16.

Ese sábado, el pastor viajó durante cuatro horas desde Puerto España hasta la comisaría de Cedros, del norte al suroeste de la isla. El oficial a cargo le concedió cinco minutos para orar con los niños. Le contaron que todos usaban el mismo baño y estaba tapado. Los padres habían llevado comida durante la semana, pero recibían pan con jamón en el desayuno, el almuerzo y la cena. Un papá dejó un pollo frito de KFC en la comisaría, y nunca llegó a la celda. Mientras rezaban, el pastor tuvo la impresión de que le concedían unos minutos de gracia. 

La abogada recibió una llamada para avisarle que los niños serían deportados, a pesar de que había despachado cartas al jefe de Inmigración y al jefe del Estado Mayor de la Defensa para pedir que los dejaran salir. Si los niños habían dado negativo en las pruebas de covid-19, podían cumplir la cuarentena en casa en lugar de hacerlo en el helipuerto de Chaguaramas, una base militar donde recluyen a quienes serán expulsados de la isla.

Nafeesa apeló a la obligación de Trinidad y Tobago, como Estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño, a velar porque los 16 no fueran separados de sus padres y a responder a la solicitud de entrada a la isla para garantizar la reunificación familiar. Recordó que la detención de un niño se utilizará como “último recurso”, respetando su derecho a mantener contacto con los familiares. 

Mientras Eliezer oraba con el grupo, Nafeesa y un abogado asistente redactaron un recurso de habeas corpus para solicitar al Tribunal Superior de Trinidad y Tobago que dictara una orden para presentar a los niños en el tribunal y que las autoridades explicaran los motivos de la detención. Argumentaron que no se justificaba porque huían de la emergencia humanitaria en Venezuela. Introdujeron la demanda ante el tribunal a las 6:00 de la tarde del sábado 21. La corte fijó la audiencia para el día siguiente, el domingo 22, a las 2:00 de la tarde.

Musulmana y descendiente de una familia india, Nafeesa Mohammed ha sido consultora legal de la Oficina del Fiscal General trinitario durante ocho años. Previamente fue senadora por cinco años. Colaboró con el sistema judicial, incluido el Ministerio de Seguridad Nacional, para establecer el tribunal nacional de familia, reformar las leyes sobre la infancia e implementar la Children Authority, el organismo estatal que protege a los niños.

El pastor le hizo una última pregunta al oficial antes de marcharse de la comisaría. 

—Por favor, sea sincero. ¿Ya hay una orden de deportación para ellos? 

—No —respondió el policía. 

Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre, una de las mujeres detenidas llamó temprano a su esposo desde la comisaría de Cedros. Le contó que iban a trasladar al grupo. Les pidieron firmar un papel en inglés y nadie entendía lo que decía. Ningún oficial explicó el contenido. El pastor propuso que fotografiaran el documento para traducirlo, pero la imagen nunca llegó. Acordaron no firmar hasta descubrir qué estaba ocurriendo. 

El servicio meteorológico trinitario activó una alerta amarilla por el paso de una onda tropical a las 7:00 de la mañana. A pesar de la tormenta, varios padres fueron al muelle de Cedros, la entrada oficial a Trinidad más cercana a la comisaría, para verificar que los niños no fueran expulsados. Se ocultaron en unos matorrales en la playa. Policías iban y venían. Un hombre sacaba agua de un bote sin nombre ni número. Alrededor de las 9:30 de la mañana vieron al grupo abordar la embarcación y zarpar en medio de la borrasca.

El pastor traductor

Eliezer Torres aprendió sus primeras palabras en inglés de un pastor trinitario que vivía en Puerto Ordaz. Era como un hermano para su papá. Eliezer lo llamaba tío. En 1998, a sus 26 años, viajó a Trinidad por primera vez e hizo cursos para aprobar la Pitman Qualification, una certificación del idioma emitida en Gran Bretaña. 

Se sentía un trinitario más, era oscuro de piel y hablaba fluido. Regresó a Venezuela y trabajó como profesor de inglés, hasta que su sueldo ya no alcanzó para mantener a sus padres y a sus dos hijos. Regresó a Trinidad en 2017 para fundar la iglesia evangélica Ministerio Internacional Avivamiento, tal como le encomendó su pastor Richard Rodríguez de Puerto Ordaz. 

En una escuela de Itnac, una ONG que asiste a refugiados venezolanos en Puerto España, Eliezer daba clases a niños que se reencontraban con sus padres en Trinidad. Él no se atrevía a exponer a sus hijos al riesgo de ser detenidos mientras cruzaban el mar en una lancha.

Seis horas después de la deportación de los niños, a las 3:00 de la tarde del domingo, se inició la audiencia para decidir sobre el recurso de habeas corpus por videoconferencia. Era la primera vez que Eliezer Torres fungía como traductor en un proceso judicial.

Ni la jueza ni la abogada ni el pastor ni los padres conocían el paradero de los niños. 

Los 16 en el mar 

La jueza Avason Quinlan-Williams preguntó a los representantes de la policía, inmigración y la Guardia Costera dónde estaban los niños. Todos negaron tener información. Convocó entonces al ministro de Seguridad Nacional trinitario, Stuart Young. Aunque su despacho gobierna sobre las instancias involucradas, Young dijo que no sabía nada y recordó que el ingreso irregular a la isla es un delito según las leyes migratorias trinitarias. Nafeesa no pudo creer que el ministro, un antiguo colega de ejercicio, se presentara ante la corte sin haber leído los documentos sobre el caso.  

Nadie sabía quién era el capitán de aquella embarcación no registrada ni adónde se dirigía. El pastor no entendió por qué devolvieron a los niños en un bote irregular, si los representantes del gobierno trinitario alegaban que se trataba de un caso de tráfico de personas. 

Durante las ocho horas que duró la audiencia, interrumpidas por recesos de 30 minutos, los padres intentaron averiguar dónde estaban los niños y si habían regresado a la Barra, una zona de manglares donde viven comunidades indígenas y el río Orinoco descarga su afluente en el Mar Caribe. No había gasolina para recargar el bote ni señal telefónica en aquellos caños de agua oscura. Tucupita, la capital del estado Delta Amacuro y la ciudad más cercana, queda a unas cuatro horas en lancha. Si se topaban con una patrulla de la Guardia Nacional venezolana, los llevarían a Tucupita y perderían la oportunidad de emigrar. 

Para la medianoche del domingo, la jueza emitió el habeas corpus y pidió al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el mayor rango militar en Trinidad, que presentara a los niños ante la corte al día siguiente, el lunes 23 de noviembre, a la 1:30 de la tarde. 

Fuera de jurisdicción

El pastor grabó un video como vocero de los padres el lunes, rodeado por diez familiares de los niños. Pidió al gobierno trinitario que aclarara en qué condiciones regresó el grupo a Venezuela y por qué fue trasladado en una lancha sin identificación. Habían pasado más de 24 horas desde que fueron expulsados de Trinidad.

En la segunda audiencia, al final de la tarde, las autoridades confirmaron que los niños estaban fuera de aguas trinitarias. La jueza reconoció que no tenía jurisdicción sobre el caso y no podía hacer nada para protegerlos. Los padres seguían sin tener respuesta sobre el paradero de los niños. Todos estaban indefensos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Trinidad y Tobago a respetar el principio de no devolución, la piedra angular de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto para los Refugiados: cualquier persona que haya salido de su país para buscar protección en otro, no puede ser devuelta hasta que la solicitud de refugio haya sido respondida.

El hashtag #DondeEstanLos16 se hizo tendencia en Twitter el martes 24 de noviembre, dos días después de que los niños fueron expulsados de la isla. Los familiares lograron contactar a personas en La Barra, dijeron que el motor del bote se descompuso y otra lancha los remolcó. La embarcación no tenía techo y los niños viajaron sin chaleco salvavidas. Se escondieron de la Guardia Nacional. A pesar de los mosquitos, el frío y la humedad, durmieron dos noches bajo la protección de los indígenas.

Indeseables 

El ministro Stuart Young convocó una conferencia de prensa en la tarde del martes 24 de noviembre, cuando los niños tenían más de 48 horas fuera de Trinidad. Dijo que cualquier persona que entrara irregularmente a la isla sería considerado “indeseable”. Aclaró que el carnet del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) no daba estatus migratorio.

Un periodista le preguntó si alguno de los niños había sido deportado sin sus padres. Él respondió que no tenía evidencia de ello: “Lo pregunté en la corte. Díganme quiénes son estos individuos y no me pudieron decir. Mi entendimiento sobre lo que pasó allí es que fueron escoltados hacia la frontera (...) Yo no puse a nadie en un bote para enviarlo a donde sea que haya venido”. 

El reportero le preguntó si podía precisar dónde estaban los niños. Entrevistó a la mamá de una niña de 11 años que iba en la lancha y no sabía dónde estaba. “No puedo. (...) ¿Dónde está la responsabilidad de esa madre? ¿Esa es una situación en la que usted debe poner a su hijo? (...) ¿Cómo esos niños terminaron aquí sin sus padres? Esa es una típica señal de alerta de tráfico de personas”. 

El pastor se preguntó si traducir las audiencias podía traerle consecuencias, después de que Young advirtió que el permiso de permanencia de cualquier venezolano podía ser revocado si ayudaba a “quebrantar las leyes”. 

Durante la hora que declaró el ministro trinitario, el dirigente opositor venezolano David Smolansky publicó un video que mostraba a niños y mujeres en una lancha. El grupo entró por una playa llamada Los Iros. En respuesta a un periodista, Young dijo que no estaba al tanto de que el grupo hubiera regresado.

Después de hacerles pruebas PCR en un ambulatorio, llevaron a los niños y a las mujeres a la comisaría de Erin. Una de ellas publicó un video desde una celda donde dijo que había 24 personas. Contó que los niños tenían vómitos, fiebre, diarrea, tos y dolores estomacales. Varias mujeres tenían dolores cervicales y de espalda, probablemente por la posición que adoptaron en la lancha. Al fondo mostró una letrina que usaban todos, sin ninguna separación que permitiera algo de privacidad. Les prohibieron usar los celulares una vez que el video se difundió por las redes sociales.

Los padres regresaron a Puerto España y conocieron a Gerald Ramdeen, el nuevo abogado del caso. 

En la audiencia, la jueza autorizó a los padres a llevar comida y ropa a los niños en el helipuerto de Chaguaramas. Podían tener teléfonos móviles. El abogado del Estado protestó la decisión, debían verse en cubículos a través de un cristal y hablar por el teléfono del lugar. El pastor recordó las cárceles de las películas. La jueza respondió que los niños estaban en cuarentena, no en prisión. 

Advirtió que las deportaciones masivas de venezolanos no podían continuar y cada caso debía pasar por la corte. Recordó que el carnet de Acnur reconocía la condición de refugiados e insistió en que Trinidad debía honrar sus compromisos con los tratados internacionales. Al terminar la audiencia, el pastor se sintió optimista.

El registro

El gobierno del primer ministro, Keith Rowley, habilitó un registro obligatorio para los venezolanos, sin importar que hubieran entrado irregularmente al país, durante 15 días en mayo de 2019. Se registraron 16.523 personas. 

Rowley publicó un hilo de Twitter sobre el caso al día siguiente, el miércoles 25 de noviembre:  

“Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando a personas anónimas y sin rostros, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su entendimiento del ‘estatuto de refugiado y el tratado internacional’ (...) Bajo la rúbrica de ‘humanitaria’, esta interpretación, si se acepta, efectivamente abrirá nuestras fronteras a todos los migrantes económicos, traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas y líderes / pandilleros sudamericanos. Todo lo que tendrán que hacer es hacer el viaje en bote de 7 millas y afirmar que son ‘refugiados’”.

Desde Ginebra, ese mismo día, la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, publicó un comentario sobre la deportación de los 16: 

“Los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres. La condición previa para cualquier regreso que involucre a un niño es que se haya tomado una decisión independiente e imparcial, involucrando a los funcionarios de protección del niño, y que el regreso sea una solución sostenible que garantice los derechos, el bienestar y el interés superior del niño”.

La niña de 11 años

El pastor había faltado a su trabajo varios días. Un compañero lo cubría, pero estaba libre. Si no se presentaba, podía perder su empleo. Los padres esperaban que tradujera las entrevistas de la jueza a cada familiar de los niños para explicar cómo vivían en Venezuela, por qué huyeron a Trinidad y a qué se dedicaban en la isla. 

Eliezer calculaba que cada testimonio tomaría unas dos horas. Eran más de veinte familiares. Conocía a venezolanos que trabajaban como intérpretes, pero los padres no podían pagarles. Uno de ellos le contó que la organización evangélica Living Waters ofreció recursos para cubrir los honorarios de los abogados. Él pidió que incluyera los suyos, aunque desconocían el monto de la contribución. 

El pastor logró que otros colegas lo cubrieran para hacer las entrevistas lo antes posible. La jueza saldría de vacaciones el lunes 30 de noviembre. Evitaba hablar durante las audiencias para que el murmullo en español no distrajera al abogado. Cuando culminaba la sesión, Eliezer traducía el resumen de Ramdeen. Agotado por una semana de desvelos después de las audiencias, se sintió sin fuerzas para asumir la interpretación de los testimonios. 

A partir del lunes 30 de noviembre, jueces y abogados del Estado cambiaban de una audiencia a la otra. Los casos se separaron. El pastor sintió que perdía la paciencia cuando un abogado del Estado se dedicó a explicar la geografía de Trinidad y Tobago. 

Una niña de 11 años era hija de una mujer venezolana que tenía el carnet de Acnur, pero no aparecía en el registro de 2019. El abogado del Estado alegó que permanecía irregularmente en Trinidad, y por tanto la niña no tenía derecho a quedarse en la isla. El juez la invitó a ver a su hija en Chaguaramas. El pastor, el abogado y otros padres interpretaron la oferta como una coartada para capturarla y deportarlas juntas. Le aconsejaron que no se acercara al helipuerto. 

Para evitar que deportaran a la pequeña, Ramdeen presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación, el 30 de noviembre, que cuestionaba la decisión del gobierno de expulsarla.

En la audiencia del martes primero de diciembre, el juez Frank Seepersad se negó a otorgarle una medida cautelar a la niña y desestimó la moción constitucional, a pesar de que el recurso no había llegado a la corte, y allanó el camino para que la expulsaran. Los padres perdieron la esperanza de que algún juez decidiera a favor de los niños. 

Las autoridades mostraron fotos del helipuerto. Los confinados tenían acceso a lavadoras y secadoras, dormían en instalaciones con aire acondicionado y los niños tenían áreas de juegos. El pastor no quiso decir a los padres que desconfiaba de esas imágenes. 

Uno de los padres viajó hasta Chaguaramas, a 18 kilómetros de Puerto España, para llevar 40 manzanas a sus hijos. Nunca las habían probado porque en Venezuela no le alcanzaba el dinero para comprarlas. Era el primer regalo que quería hacerles cuando llegaran a Trinidad. No lo dejaron pasar, pero dejó las frutas. Regresó a casa sin saber si los niños las habían recibido. 

El pastor y varios representantes llegaron a Chaguaramas alrededor de las 9:00 de la noche, el sábado 5 de diciembre. Dejaron 14 bolsas con champú, jabón, pasta dental, agua potable, pastillas para vómitos y diarrea, galletas, jugo y refrescos. Los guardias rechazaron la comida preparada porque todo debía estar sellado.

Después de dar entrevistas a reporteros, un padre confesó al pastor que se sentía humillado cuando le preguntaban por qué había permitido que sus hijos llegaran a Trinidad en aquella lancha. La respuesta era evidente para él: no podía darles de comer en Venezuela. El pastor consultaba por Facebook las notas que se publicaban sobre el caso y leía las opiniones de los lectores. Muchos decían que en Trinidad no había más recursos para ayudar a los venezolanos. Ya era hora de que se fueran de la isla. 

Con el paso de los días, el abogado obtuvo medidas cautelares para evitar que el gobierno deportara a los 16. 

El fin de la cuarentena

Las dos semanas de la cuarentena se cumplieron el martes 8 de diciembre. Todos amanecieron con la expectativa de que los niños serían liberados, pero no tuvieron noticias de ellos. El pastor llegó a casa y vio en las noticias que tres venezolanos fueron asesinados. Les habían prendido fuego con gasolina. Cuando vio sus fotos, no podía creer que los conocía. “Son tres menos”, comentó un usuario en las redes sociales. El pastor se preguntó si realmente quería llevar a sus hijos a Trinidad y Tobago. Por primera vez pensó en abandonar la isla. 

Al día siguiente, el miércoles 9 de diciembre, la CIDH otorgó medidas de protección para seis de los niños por estar expuestos a violencia doméstica en Venezuela. La deportación implicaría “un grave riesgo” para ellos. El fiscal general de Trinidad y Tobago, Faris Al-Rawi, dijo ante el Parlamento que la isla no formaba parte de la CIDH.    

Las autoridades extendieron la cuarentena hasta el lunes 21 de diciembre, porque una de las personas del grupo dio positivo en la prueba para diagnosticar el coronavirus. 

La intimidación

Cuatro hombres que dijeron ser policías y vestían de civil buscaron al pastor en su trabajo. El compañero de guardia les preguntó sus nombres y se negó a darles información porque no se identificaron. 

Un vecino le mostró el video de una cámara de seguridad. Un Toyota Aqua gris había merodeado por la calle donde vivía Eliezer. Dos amigos le advirtieron que había rumores, debía cuidarse. Él decidió contarle al abogado lo que estaba ocurriendo. “Ellos van a buscar la manera de intimidar, pero no te pueden hacer nada. Mantenme informado”, respondió Ramdeen.

Cuatro días después de que lo buscaran en el trabajo, el lunes 14 de diciembre, se asomó por la ventana y vio a un hombre que forcejeaba para abrir la puerta de su casa. En la entrada estaba el Toyota Aqua gris. El pastor fue a su cuarto y corrió la cortina. Estaba solo. Dio un paso atrás y se refugió en las sombras cuando el hombre intentó mirar hacia adentro a través de una ventana. 

El pastor fue a Independence Square, la plaza donde se reúnen los venezolanos en Puerto España, apenas comprobó que el carro no estaba. Lo convocaron los familiares de unas víctimas que aparecieron flotando en el mar de Güiria, en las costas del estado Sucre, el sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Querían que los orientara para investigar si el gobierno trinitario tuvo alguna responsabilidad en el naufragio de aquel bote. 

El asilo

El gobierno de Rowley extendió el permiso de permanencia de los venezolanos inscritos en el registro hasta junio de 2021. Acnur y Living Waters ya no podrán registrar a solicitantes de refugio, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa. “Si usted va a solicitar asilo en Trinidad y Tobago, o en cualquier parte del mundo, tiene que demostrar que está personalmente en riesgo, bajo ataque por su raza, religión, por política o lo que sea (...) Su ambición por una vida mejor a través de cambios económicos no aplica para el asilo en ninguna parte del mundo”.

Rowley se refirió al perfil de refugiado que describe la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra en 1951. Esa definición se amplió 33 años después con la Declaración de Cartagena, en respuesta a la crisis migratoria que originaron las guerras civiles centroamericanas. Desde 1984, también se considera refugiado a una persona que huye de su país porque “su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Sin embargo, Trinidad y Tobago es uno de los cinco países del continente que no ha incorporado los principios de Cartagena a su legislación interna.

El día que Rowley declaró a la prensa, el jueves 17 de diciembre de 2020, el sueldo mínimo equivalía a 1,25 dólares en Venezuela. 

En 2018, 94% de la población no disponía de ingresos suficientes para pagar una canasta alimentaria ni los servicios básicos. Al menos 18 millones de personas no tenían garantías de acceso a diagnóstico y tratamientos. Ocho de cada 10 no disponían de servicio continuo de agua corriente. Un tercio de los niños entre cero y dos años sufría retraso de crecimiento en los sectores más vulnerables. 64% de los venezolanos perdieron en promedio 11 kilos de peso por la falta de ingesta de alimentos, entre 2016 y 2017. Todas las cifras son estimaciones de ONG venezolanas, porque no hay data oficial sobre estos índices. En septiembre de 2020, una misión internacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que documenta crímenes de lesa humanidad. 

Venezuela vive la contracción económica más severa en la historia moderna del hemisferio occidental. Perdió cuatro quintos del tamaño de su economía en los últimos siete años. La hiperinflación, que acumula más de tres años, destruyó el valor del bolívar y la capacidad de las personas para comprar comida o medicinas. El colapso económico y de los servicios públicos, aunado a la inseguridad y la crisis política, fomentaron la migración de 5,4 millones de personas en cinco años, estima Acnur. Más que toda la población de Costa Rica o Noruega. 

La decisión

Dos días antes de navidad, el martes 22 de diciembre, el pastor vio sonreír al abogado por primera vez cuando dos jueces del Tribunal de Apelación anularon la decisión del magistrado Frank Seepersad y le otorgaron una medida provisional a la niña, que le permitía permanecer en la isla. Faltaba saber cuándo Inmigración ejecutaría el fallo de la corte. 

Los niños pasaron la noche de Navidad en el helipuerto de Chaguaramas. 

Un carro gris estuvo rondando la casa del pastor, el domingo 27 de diciembre. Apenado con su familia por la zozobra en la que se veía envuelta, Eliezer decidió mudarse por un tiempo. Al día siguiente, el lunes 28 de diciembre, los padres grabaron un video para exigir que liberaran a los niños, 34 días después de que iniciaran la cuarentena.

“¿Cómo voy a traficar a mis propios hijos?”

Nafeesa convocó a los padres el miércoles 30 de diciembre para solicitar que los niños fueran liberados ante la oficina de Inmigración. Les pidieron las copias de las actas de nacimiento autenticadas por las autoridades venezolanas, para corroborar las identidades de los niños y el nexo con sus representantes. 

Llegaron al consulado de Venezuela en Puerto España a las 11:00 de la mañana. Un funcionario dijo que tenían tres semanas esperándolos, preguntó por qué habían esperado hasta el 30 de diciembre para ir al consulado. El pastor intentó explicarle que no sabían del trámite, pero el hombre no lo dejó hablar. Si no tenía hijos en el grupo, mejor no intervenía. 

Uno de los padres increpó al funcionario. Dijo que estuvo en el consulado cuando los niños fueron capturados y lo habían maltratado. Él lo acusó de formar parte de una red de tráfico de personas porque pagó a un lanchero para que llevara a los niños. “¿Cómo voy a estar traficando a mis propios hijos?”, contestó el padre. Aunque el funcionario había dicho que la gestión tomaba cuatro días hábiles, en dos horas validaron las partidas de nacimiento. 

Desenlace a medias

Al día siguiente, el 31 de diciembre de 2020, funcionarios de Inmigración comenzaron a entrevistar a los padres a las 8:00 de la mañana. Una y otra vez preguntaban si habían pagado para enviar a los niños a Trinidad y a quién. 

Una de las madres contó que el papá de su hija la golpeaba. Mientras estuvo en Trinidad sin la niña, la extorsionaba. Por eso le mandó dinero para montarla en una lancha. A uno de los padres lo amenazaron con seis meses de cárcel y una multa de más de siete mil dólares si comprobaban que mentía. Al pastor lo entrevistaron como representante de la joven de 17 años y su hija porque no tenían familiares en Trinidad.

Tras defender varios casos de venezolanos, Nafeesa ha notado que muchos solicitantes de asilo entran y salen de Trinidad en lancha, a pesar de que las fronteras están cerradas. Ignoran que regresar al país del que huyeron menoscaba su solicitud de asilo.

Les dijeron que los niños saldrían a las 5:00 de la tarde, después de permanecer más de ocho horas en Inmigración. Eliezer, la abogada y los padres corrieron hasta Chaguaramas. Detrás llegaron las mismas personas que los entrevistaron en Inmigración. Uno a uno, volvieron a llamar a los padres. 

Primero salió el muchacho de 17 años. Luego la niña de 11 que recibió la medida cautelar. Después un niño de 12 años, los hermanos de 12, seis y tres años, una niña de 11. Por último, los hermanos de cinco y nueve años. Pasadas las 7:00 de la noche, el pastor tomó fotos y videos de los nueve niños liberados. Lloraban rodeados por sus padres y la abogada. Todas las madres que iban en el bote quedaron retenidas. 

Nafeesa corrió hacia los funcionarios de Inmigración cuando vio que se marchaban, y les preguntó qué pasaría con los demás. “Después”, respondió uno. Se quedaron los niños que no fueron reclamados por familiares directos. Regresó con el grupo de padres y les preguntó si tenían qué comer para la cena de Año Nuevo. Más de una decena de ellos terminó en su casa. El pastor regresó a la suya pensando en su familia que está en Venezuela.

Uno de los padres se quedó en casa de otro con sus hijos. Salió un momento y cuando volvió, los niños lloraban. Pensaban que los había abandonado. Durante las cinco semanas que estuvieron en Chaguaramas, comieron pescado casi todos los días. Una vez encontraron un gusano. Uno de los niños dijo que si no podía saber qué estaba comiendo su mamá en el helipuerto, prefería no cenar.

El pastor solicitó una visa como misionero cuando llegó a Trinidad en 2017, pero se la negaron. Supone que es inviable pedir la reunificación con su familia a través de Acnur. Después de que una tía falleció el año pasado en una carrera insalvable para conseguir tratamiento, el papá de Eliezer le pidió que no se molestara en volver a Puerto Ordaz. 

Tras más de dos meses de confinamiento, siguen retenidos siete menores de edad: una niña de cuatro años, un adolescente de 13, tres hermanos de dos, siete y 11 años, y la joven de 17 con su hija, que cumplió cinco meses en Chaguaramas. También las nueve mujeres. Uno de los padres le dijo al pastor que si su esposa era deportada, tendría que enviar a sus hijos de vuelta a Venezuela porque debe trabajar. No puede cuidarlos solo.