Dieciséis reporteros, cuatro trabajadores de salud y un defensor de derechos humanos  han sido detenidos arbitrariamente en la cobertura de covid-19. Relatores de la ONU declararon que estas restricciones deterioran la libertad de expresión en el país

Por Mariengracia Chirinos

Luisa hizo un alto en su jornada de trabajo y salió a recibir una encomienda. Cuando regresó a su casa, tenía una notificación en el celular. Era Gleybert con un mensaje de alerta para sus compañeros: estoy detenido. 

Así se enteró Luisa Maracara, coordinadora editorial del medio digital Crónica Uno, del arresto de Gleybert Asencio, su jefe de fotografía, mientras cumplía con una pauta periodística junto a la reportera Sofía García.

A media mañana del miércoles 15 de julio de 2020, Gleybert tomó una foto de la fachada del hotel La Palmera. En ese momento apareció una camioneta blanca. Allí estaba un militar, con su traje verde oliva, acompañado de un miliciano. 

El funcionario se acercó al reportero gráfico y le preguntó qué hacía en ese lugar. Gleybert le explicó que trabajaba como reportero para un medio digital de Caracas. Inmediatamente, el guardia le respondió: “Ustedes están aquí levantando falsos positivos”. Le pidió la cédula y sus credenciales laborales. Hizo lo mismo con los dos motorizados que lo acompañaban: Yonathan Torres y Ronald Montaño. 

El militar les tomó fotos a sus documentos de identidad. Dijo que iba a llamar al comando para “ver si les dan permiso o no” de estar en ese lugar. Quince minutos después apareció un motorizado y se dirigió al guardia: “Llévenselos”. 

Más tarde aparecieron otros funcionarios de la policía nacional, quienes luego escoltaron a Gleybert, Ronald y Yonathan en un recorrido de dos kilómetros, hasta que llegaron al hotel Alba Caracas, donde está un comando militar. 

Antes de irse de la urbanización Los Caobos, Gleybert le pudo avisar a Sofía García, la periodista de Crónica Uno que los acompañaba en esa pauta, que se retirara del lugar. 

Mientras el militar intercambiaba palabras con Gleybert y los motorizados, Sofía se había alejado y entrevistaba a habitantes de la zona en los alrededores del hotel. La noche anterior hubo una protesta en ese vecindario. Rechazaban el traslado de un grupo de personas diagnosticadas con covid-19 al hotel La Palmera para cumplir la fase de aislamiento, bajo la supervisión del gobierno. 

Antes de hablar con los vecinos, Sofía y Gleybert entraron al hotel y entrevistaron, sin inconvenientes, a uno de sus encargados.

Sofía se fue a casa de unos familiares y pudo avisar al equipo de Crónica Uno lo que había ocurrido. Mientras rodaban en la moto, Gleybert sacó el celular y escribió en el chat del trabajo: “Hotel Alba Caracas”, para que supieran a dónde los llevaban. 

A la una de la tarde, Luisa Maracara, sus colegas de redacción, Espacio Público y el Sindicato Nacional de la Prensa, denunciaban en Twitter que iban más de dos horas de detención. 

Transcurrieron 120 minutos de espera en el Alba Caracas. Un funcionario se identificó como comandante y les dijo a Gleybert y sus compañeros que a él no le importaba el ruido que se hiciera en las redes sociales por la detención. 

El militar dio una charla y argumentó que estaba prohibido hacer cobertura en los hoteles que forman parte de los Puntos de Atención Social Integral (Pasi), edificaciones destinadas por el gobierno para las personas que deben estar en aislamiento luego de contraer covid-19. 

Antes de dejar en libertad a Gleybert, Ronald y Yonathan, el guardia advirtió que si los volvían a ver sin permiso en una cobertura similar, “no iba a haber ningún tipo de diálogo y se los iban a llevar detenidos”. 

Cuatro meses antes, otro equipo de reporteros y motorizados de Crónica Uno había sido detenido cuando hacía una cobertura por la pandemia en los alrededores del mercado de Catia.

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La ONU envió a las autoridades de Venezuela dos exhortos a propósito de las detenciones arbitrarias contra periodistas y otras restricciones a la libertad de expresión durante la pandemia. Estos llamados aparecieron entre las últimas 35 comunicaciones que dirigieron relatores especiales de la ONU a distintos Estados y por diversas motivos, entre abril y junio de 2020. 

En tiempos de propagación del nuevo coronavirus en el mundo, los expertos en libertad de expresión y derechos humanos levantaron la voz para destacar la ilegalidad de los arrestos contra periodistas que cubren la crisis de covid-19. Así lo expresaron en las cartas que enviaron a la misión permanente de Venezuela en Ginebra. En esas páginas, los relatores alertaron sobre el aumento de los riesgos que enfrentan los reporteros y trabajadores de medios “en el contexto del estado de emergencia” por el nuevo coronavirus.

Las cartas —enviadas el 14 y el 28 de abril de 2020— fueron firmadas por siete expertos de ese organismo internacional, entre ellos los titulares de libertad de expresión, detenciones arbitrarias y asuntos de defensores de derechos humanos. Hasta el 15 de julio no se conocían las respuestas del Estado venezolano. Por lo menos así aparecía en el repositorio abierto de comunicaciones que envían las autoridades de Naciones Unidas a los países.

Estos llamados de atención forman parte de los mecanismos de procedimientos especiales de esta instancia. Lo hacen como parte de sus mandatos para dar seguimiento a casos de graves violaciones a los derechos humanos en el mundo.

Los arrestos

A pesar de estos llamados, en los primeros 125 días de distanciamiento social en Venezuela los periodistas enfrentaron diversos obstáculos en su oficio de informar durante la cobertura de covid-19. Los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que fueron analizados por Prodavinci, demuestran que el riesgo más alto para los reporteros fue el de las detenciones arbitrarias.

Entre el 12 de marzo —cuando el gobierno dictó las primeras medidas de resguardo— y el 15 de julio de 2020, hubo doce arrestos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Cinco de estos casos ocurrieron en los primeros 15 días de la cuarentena, en marzo. Hubo dos en abril, uno en mayo y dos en la primera quincena de julio. 

En Miranda, Vargas, Táchira, Bolívar, Sucre y en el área metropolitana de Caracas, los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a 16 reporteros, fotógrafos y motorizados, por registrar, hacer fotografías y publicar historias que contaban cómo estaban las adyacencias de los mercados, las zonas fronterizas y algunos hospitales. Sobre ellos pesaron las denuncias que difundieron, en plataformas digitales, sobre posibles casos de contagio.

La documentación de IPYS Venezuela muestra que las detenciones arbitrarias por la cobertura de covid-19 fueron temporales: se extendieron desde media hora hasta 13 días. 

La detención más prolongada en la lista de periodistas bajo arresto por cubrir la pandemia ocurrió entre el 21 de marzo y el 2 de abril, y fue la de Darvinson Rojas. Un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, llegó a su casa sin orden judicial, practicó un allanamiento y se llevó al reportero que trabaja de manera independiente en Caracas. Por horas, se desconoció su paradero hasta que se supo que estaba recluido en una sede policial. Lo buscaban por publicar en Twitter datos extraoficiales de contagios por covid-19 en Miranda. Lo presentaron en una instancia judicial y le imputaron algunos cargos penales, entre ellos “instigación al odio”. El reportero regresó a su casa con un expediente abierto y una medida de libertad condicional. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

Representantes de las Naciones Unidas reportaron que la defensa pública le aconsejó al periodista que se abstuviera de “usar redes sociales” y le recomendó “solo replicar información confirmada por el gobierno” con respecto a la pandemia.

Jesús Enrique Torres y Jesús Manuel Castillo, también estuvieron detenidos. Estos dos estudiantes universitarios y locutores de la emisora La Cima 96.7 FM grabaron un vídeo en el hospital Victorino Santaella de Los Teques y lo compartieron en las redes sociales. 

Era el viernes 13 de marzo al mediodía. Mientras personas transitaban por las adyacencias de la emergencia, los dos jóvenes hablaban frente a la cámara y aseguraban que a ese centro centinela, supuestamente, había llegado un persona contagiada con covid-19. Un día después, desde la sede de la emisora y sentados en un sofá negro grabaron otro video y pidieron disculpa por la información imprecisa que habían difundido. Luego de esa aclaratoria los detuvieron. Los llevaron a tribunales y recibieron una medida de libertad condicional, con presentaciones cada ocho días. También tienen prohibido salir del estado Miranda. 

Las detenciones arbitrarias profundizan “el contexto restrictivo y la presión actual que enfrentan los medios de comunicación no gubernamentales en Venezuela”, dijeron los relatores de la ONU en una de sus cartas. 

A estas restricciones de la libertades de expresión durante la cobertura de la covid-19 se han sumado otras amenazas, agresiones, bloqueos y ataques digitales. Estos hechos que obstaculizaron la labor informativa en medio de la pandemia acumularon 34 casos, entre el 12 de marzo y el 25 de junio.

Los estándares

El informe sobre Venezuela publicado el 2 de julio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que algunas de las detenciones de trabajadores de medios “impidieron cubrir la crisis sanitaria”. También destacó que varios periodistas fueron sancionados por delitos “de odio”. Estas penas son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, de acuerdo con los análisis de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, consideró que quienes cumplen labores informativas “desempeñan una función indispensable” durante la pandemia, por eso “los riesgos que afrontan los periodistas son perfectamente evitables”. Expresó que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación.

La resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugirió a los gobiernos abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de los periodistas que cubren esta emergencia de salud pública. Recomendó, además, “asegurar el derecho de acceso a la información pública” relacionada con la covid-19. 

Trabajadores de la salud

Profesionales hospitalarios también estuvieron bajo amenaza. Espacio Público reportó cuatro detenciones arbitrarias contra profesionales de la salud por denunciar, en medios de comunicación o en redes sociales, carencias de insumos para atender los casos de covid-19 en centros de salud pública. Los afectados, entre marzo y abril, fueron dos médicos, un enfermero y un bioanalista, quienes para la fecha trabajaban en instituciones sanitarias de los estados Táchira, Trujillo, Monagas, y Lara.

Luis Araya se quejó en su estado de Whatsapp de las deficiencias en la atención pública de la pandemia. El médico ginecólogo de Carora, en el estado Lara, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su consultorio privado el miércoles 15 de abril. Rodaron por una hora en carretera y lo trasladaron a Barquisimeto, la capital del estado. Más tarde lo imputaron por “instigación al odio” y cumple un régimen de presentación ante instancias judiciales, de acuerdo con el registro de Espacio Público. 

Bachelet declaró que debía garantizarse la libertad de expresión de los profesionales de la salud. Recomendó a las autoridades evitar cualquier medida que condujera a sancionar al personal sanitario que denunciara “deficiencias” para la atención de la crisis. 

Un defensor de derechos humanos también apareció en la lista de detenciones arbitrarias relacionadas con los derechos comunicacionales. El 6 de abril, Espacio Público e IPYS Venezuela reportaron que Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, estuvo bajo arresto por dos horas. Funcionarios policiales abordaron al defensor de derechos humanos cuando recibía una entrega a domicilio de kits de tapabocas, guantes y otros insumos, que luego su organización repartiría entre periodistas en ejercicio durante la pandemia.

En la carta del 28 de abril, los expertos de Naciones Unidas manifestaron a las autoridades venezolanas que les preocupa que la crisis de covid-19 “pueda ser utilizada como pretexto para acallar la disidencia y recrudecer el hostigamiento”, así como “la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en detrimento del derecho a la libertad de expresión e información de la población”.

Histórico de detenciones

La difusión de contenidos de covid-19 no fue el único motivo por el cual ocurrieron arrestos en este tiempo de cuarentena. Entre el 12 de marzo y el 25 de junio de 2020, IPYS Venezuela reportó otras 19 detenciones arbitrarias contra periodistas en 12 estados del país. Principalmente, estas restricciones a la libertad personal ocurrieron mientras reporteros y narradores de noticias de distintos medios les seguían el pulso a las protestas y a hechos relacionados con la escasez y la distribución de gasolina.

Durante los primeros tres meses del estado de alarma por covid-19, las cifras de arrestos de periodistas venezolanos aumentaron si se comparan con los registros de enero a los primeros días de marzo. IPYS Venezuela reportó tres casos en ese lapso.

Incluso, el número de detenciones de periodistas entre marzo y junio de 2020 es mayor que el del mismo lapso de 2019, cuando hubo 19. Esta es una cifra similar a la del año 2017, tiempo en el que se contabilizaron 28 arrestos de periodistas durante la cobertura de las protestas que se dieron en ese momento.

Los datos indican que junio de 2020 ha sido el mes de mayores detenciones arbitrarias contra periodistas si se compara con el mismo mes de los últimos seis años.

“Este no es momento de culpar al mensajero. En vez de amenazar a los periodistas o amordazar a la crítica, los Estados deberían estimular un debate sensato en torno a la pandemia y sus consecuencias”, exigió Bachelet.

Los pronunciamientos de los organismos internacionales coinciden en la necesidad de proteger la labor de los periodistas que cubren la pandemia. Han enfatizado que la garantía de los derechos comunicacionales debe ubicarse en la primera línea de prioridades para atender la crisis de covid-19.

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Dos directivos de medios estaban en prisión para el 16 de julio, cuando Prodavinci publicó esta historia. 

Richard Rodríguez, director de producción Radiomanía 89.7 FM, estaba recluido en un centro de aislamiento para pacientes con covid-19, en el gimnasio vertical de Carúpano, donde grabó un video en el que informaba de fallas en la atención para cumplir el confinamiento en ese lugar. “Como medida de represalia, funcionarios policiales lo llevaron a una habitación al lado de la morgue del hospital de la ciudad, sin control médico ni vigilancia”, contó Nayrobis Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela en el estado Sucre. 

El mismo día y en la misma ciudad, militares arrestaron a Otilio Rodríguez, periodista de Pura Candela 93.3 FM y director de elcarupanero.com. La detención ocurrió en Carúpano, estado Sucre, el 15 de julio a las 5 de la tarde. La corresponsal de IPYS Venezuela informó que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana llegaron a su casa con una orden de detención firmada por un militar. Antes de este hecho, Rodríguez publicó en la cuenta de instagram de la emisora algunas denuncias de ciudadanos que referían problemas con la distribución de gasolina en Carúpano. Lo dejaron en libertad doce horas después.

Nicmer Evans, politólogo y director del sitio web Punto de Corte, estaba detenido en Caracas. Su abogada, Ana Yánez, relató que, para ese momento, se desconocían las causas del arresto. Funcionarios de contrainteligencia militar lo detuvieron el lunes 13 de julio. Llegaron con una orden de aprehensión por la supuesta “promoción o incitación al odio”, que aparece en el artículo 20 de la así llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, un instrumento no aprobado por la Asamblea Nacional sino por la oficialista “Asamblea Nacional Constituyente”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.274, del 8 de noviembre de 2017.