Universidad Simón Bolívar: anatomía de una crisis

En el centro de la Universidad Simón Bolívar hay un laberinto de flores. Dicen en el campus que los estudiantes que lo recorren hasta el centro no se gradúan y que quienes caminan en él cuando tienen un problema, lo habrán olvidado al salir. Pero poco sirve la superstición cuando el problema es el propio laberinto. Aunque de lejos mantiene su belleza, quien lo recorre se encuentra con macetas vacías, hojas secas y plantas envueltas por telarañas. Más de 30.000 de sus 53.000 plantas están marchitas. El jardín cromovegetal, regalo del maestro Carlos Cruz-Diez a la Universidad, está muriendo.

La Universidad Simón Bolívar nació para apuntalar el desarrollo de Venezuela, en una época en la que el país planificaba las obras de ingeniería más desafiantes de su historia, como la central hidroeléctrica de Guri o el Metro de Caracas. También fueron tiempos marcados por el conflicto, porque había enfrentamientos políticos entre el gobierno y las universidades nacionales, en particular la Universidad Central de Venezuela.

Raúl Leoni decretó la creación de la universidad en 1967. En aquel entonces se llamaba Universidad de Caracas. La idea era que fuese una casa que educara a los mejores científicos para el desarrollo del país y también que fuese una universidad alejada de conflictos políticos que interrumpieran las clases.

Con ese mandato inició sus clases el 14 de enero de 1970 en los terrenos de la antigua hacienda de Sartenejas, a las afueras de Caracas. Al momento de la primera clase, la universidad había cambiado su nombre a Universidad Simón Bolívar, a petición de varias instituciones, entre ellas la Academia Nacional de Historia.

Los primeros estudiantes presentaron su examen de admisión en los pasillos de la casa rectoral. Las vías internas eran de tierra y había pocos edificios listos. El bosque de pinos envolvía a la universidad. Si llovía, un tractor ayudaba a sacar los carros que quedaban enterrados en el estacionamiento. Comenzaron con cinco carreras: Matemática, Química, Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química.

La universidad convocó a un grupo de los mejores profesores de la época: decanos, coordinadores y docentes formados en la Universidad Central de Venezuela, cerrada después del allanamiento que hizo el gobierno de Rafael Caldera en octubre de 1969. El primer rector fue el filósofo Ernesto Mayz Vallenilla, también ucevista, quien hizo énfasis en una educación integral que combinara ciencia con humanismo. La USB, afirmaba, debía ser la representación de “la ciencia, la conciencia y la verdad”.

La universidad consolidó su reputación entre las principales casas de estudio del país desde sus primeros años. En la actualidad ofrece 18 carreras de pregrado entre licenciaturas, ingenierías y TSU, con el proyecto de dos nuevas: Economía y Artes Liberales. Tiene 77 programas de posgrado en todas las áreas, 14 de ellos doctorados. Más de 44.000 egresados han salido de sus aulas, entre carreras de pregrado y posgrado.

Pero la Universidad ya no es la misma. Ahora enfrenta problemas que atentan contra su supervivencia: sus profesores renuncian, los estudiantes desertan y no tienen dinero para investigar. La universidad autónoma más joven del país dejó de crecer en la última década. Desde hace tres años está al borde del colapso.

Profesores migrantes

La universidad ha perdido 864 profesores del campus de Sartenejas en los últimos 10 años. Esa cifra supera a toda la plantilla de docentes de esa sede este año, que en marzo tenía 604 profesores. En el primer trimestre de 2018 renunciaron 12 docentes. En julio, la Asociación de Profesores (APUSB) contaba 112, lo que convierte a 2018 en el año con más renuncias.

William Anseume, presidente de la APUSB, señala que la mayoría se va a países que ofrecen salarios mejores. Algunos marchan al cono sur, otros a países como Ecuador o Colombia, donde un profesor puede ganar 5.000 dólares al mes.

Hasta agosto de este año, un profesor titular con dedicación exclusiva -el mayor rango de la tabla salarial- cobraba 500 bolívares soberanos mensuales, equivalente a 12 dólares al tipo de cambio de remesas de ese mes. Hace diez años, ese mismo rango cobraba el equivalente a 900 dólares, según la tasa oficial de 2008. En una década el salario docente perdió el 97% de su valor.

Después del reciente aumento de salario mínimo, decretado en 1.800 bolívares soberanos el 17 de agosto, el Ministerio de Educación Universitaria impuso nuevos sueldos sin discutirlos con los sindicatos. Ahora un profesor titular con dedicación exclusiva gana 3.171 bolívares, equivalente a 31 dólares a la tasa paralela de principios de septiembre.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reclama que en la nueva tabla el sueldo máximo equivale a 1,5 salarios mínimos. En la anterior, definida en contrato colectivo, el nivel más bajo cobraba 4,75 sueldos. Es una violación a la progresividad de sus derechos, denuncian.

“Son las condiciones laborales también. Se va la luz, se va el agua, no funciona el internet, no hay manera de sacar efectivo. Las limitaciones son demasiadas”, explica Anseume. Su propia computadora se dañó por un apagón y no tienen dinero para repararla.

La USB ofrecía un seguro médico con cobertura completa para los profesores y sus familias, pero el año pasado el gobierno centralizó los seguros universitarios a un sistema del ministerio. La cobertura en 2018 es de 30 bolívares soberanos (0,3 dólares). Un antigripal cuesta 150 bolívares.

La caja de ahorros, con la que antes los profesores compraban casa o carro, ahora la usan para comida. En julio, por ejemplo, en esa oficina vendieron huevos.

Anseume recuerda que cuando ingresó a la universidad, hace 20 años, tuvo que competir con 14 personas para su cargo como profesor de lenguaje. Este año la universidad abrió 120 concursos para llenar sus vacantes. Nadie se postuló para el 85%. No pudieron cubrir los puestos de 102 profesores.

Los estudiantes no regresan

En el primer trimestre de 2018, la cuarta parte de los estudiantes no regresó a las aulas.

La Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE) reporta que desde 2010 ha aumentado el porcentaje de estudiantes activos que, a pesar de haber aprobado sus materias, no se vuelven a inscribir para el siguiente trimestre.

La Secretaría hizo una encuesta en abril de este año a 2.180 estudiantes que abandonaron su carrera. El 33% de los consultados dijo que tenía intención de emigrar y otro 16% se retiró porque necesitaba trabajar para mantenerse.

Parte de los estudiantes que no se vuelven a inscribir son los que ingresaron por el sistema de admisión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). El rector Enrique Planchart, un matemático egresado de la UCV y la Universidad de California, Berkeley, que ha sido profesor de la USB desde 1973, afirma que la mayoría de esos estudiantes no tienen el nivel educativo que exige la universidad y se retiran porque no pueden llevar el ritmo. “No queda ni la mitad” de los estudiantes que ingresaron en 2017, afirma el rector.

La universidad creó un nuevo programa de nivelación para los asignados por OPSU. No quieren perder más estudiantes.

Hasta el año 2015 la USB elegía el 70% de sus nuevos estudiantes con un examen de admisión, el otro 30% lo seleccionaba la OPSU considerando sus notas en bachillerato. La OPSU eliminó la prueba y ahora asigna todos los cupos con un sistema que evalúa el desempeño académico (50%), condiciones socioeconómicas (30%), cercanía a la universidad (15%) y participación en actividades comunitarias (5%).

La Secretaría de la USB denunció que la OPSU ha incumplido con su propia metodología de admisión. La evaluación del 87% de los estudiantes asignados por ese sistema en 2016 dio mayor peso a las condiciones socioeconómicas, territorialidad y actividades comunitarias que a las notas de bachillerato. En 2017 ocurrió con el 92% de los asignados.

El Consejo Directivo de la universidad emitió un comunicado el 28 de febrero de este año para pedir a la OPSU que aclare la situación. Todavía espera respuesta.

Además de los estudiantes que abandonan su carrera, en los últimos 13 años también ha aumentado la cantidad de admitidos a la USB que no se inscriben ni la primera vez.

Esos puestos vacíos los llenaban llamando a la lista de espera, los estudiantes que seguían en el orden de selección y que suben de posición con cada admitido que no se inscribe. En 2017 y 2018 la OPSU envió tarde la lista de admitidos y no envió lista de espera, así que la universidad no pudo llenar el 100% de los puestos disponibles.

Este trimestre septiembre-diciembre de 2018, la OPSU admitió 2.288 nuevos aspirantes. Las clases comenzaron en la USB con 1.158 de esos estudiantes.

La USB creó un nuevo sistema de ingreso, llamado Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas (MECE), para cubrir los puestos vacíos. Este año se inscribieron 2.694 aspirantes y admitieron a 233. En total, 1.391 nuevos estudiantes empiezan clases este trimestre.

La investigación agoniza

El Decanato de Investigación y Desarrollo recibió 1.640 bolívares (16,4 dólares a la tasa paralela de septiembre) para 2018. Ese presupuesto debe pagar desde las resmas hasta los programas de investigación, pero en septiembre solo alcanzaba para dos kilos y medio de café.

La decana Yamilet Quintana alertó el 9 de mayo a las autoridades que pronto se quedarían sin dinero. El vicerrectorado administrativo envió la advertencia al ministerio. No ha recibido respuesta.

El Sistema de Información de Actividades de Investigación de la universidad (Sinai) registra que en la última década había 100 proyectos nuevos de investigación y desarrollo por año. Hasta julio solo habían registrado 18 proyectos nuevos en 2018.  

El decanato tiene un programa para incentivar proyectos, pero solo pueden otorgar 50 bolívares (0,5 dólares). Las investigaciones que mantienen se deben en su mayoría a empresas privadas o estatales que contratan los servicios de la universidad. Empresas Polar, Pdvsa y Corpoelec son algunas.

“Cuando se va un investigador, se te va un creativo. Pierdes millones de ideas”, advierte Quintana. Entre los recortes y el éxodo, cada vez es más difícil mantener la producción científica.

La biblioteca inició este trimestre con un horario reducido. Les falta personal, no tienen agua y falla el aire acondicionado, así que ahora cerrarán a las 5:30 pm, dos horas antes de lo acostumbrado.

A pesar de la crisis, la investigación es el área que mantiene la reputación internacional de la universidad. Este año la Simón Bolívar ocupó el puesto 39 entre más de 400 universidades de Latinoamérica en el QS ranking de la organización Top Universities. Es la segunda de Venezuela, superada solo por la UCV.

Ese ranking evalúa a la universidad, entre otras cosas, por su reputación académica y su red internacional de investigación. La USB es considerada una universidad pequeña, pero con un nivel muy alto de producción académica.

Suspensiones por agua

El problema que ha paralizado la universidad con mayor frecuencia este año ha sido la falta de agua. Hidrocapital ha suspendido el servicio más de 25 días en la sede de Sartenejas. Un mes completo.

La dirección de Planta Física estima que el campus usa un millón de litros de agua al día. Cuando falla Hidrocapital, utilizan los dos tanques de la universidad, que guardan esa misma cantidad de agua. Para no perder clases, rehabilitaron un pozo y colocan pipotes de 100 litros en 44 baños de la universidad, los cuales llenan con botellones de 20 litros cargados en el pozo. Tienen pocos trabajadores y el carro de la dirección se dañó. Así que si no consiguen un vehículo prestado, los obreros deben repartir los botellones a pie en todo el campus. Eso les permite aguantar una semana como máximo. Si la falla de Hidrocapital se prolonga por más de siete días, resulta inevitable suspender.

El único sitio que tiene agua es la piscina, que no funciona desde hace cuatro años, y el foso de saltos que cumplió siete años sin uso. Entre los dos tienen 2 millones de litros de agua. El rectorado consideró usarlos como reservorios, pero están verdes y tienen algas en la superficie. La Dirección de Deportes necesita un par de bombas para reactivarlos. Cada una cuesta 14.000 dólares en Estados Unidos y el departamento no tiene dinero ni para iluminar las piscinas. Varias veces se han metido ladrones a robar hasta la grifería de los baños.

Los robos han aumentado en el campus. Este año el propio rector Planchart fue víctima del hampa. El 20 de febrero encontró su carro estacionado en el puesto del rectorado, pero sin cauchos. Como no hay dinero para reponerlos, el carro asignado al rectorado cumplió en septiembre siete meses sobre los cuatro bloques donde lo dejaron los ladrones.

El presupuesto y sus problemas

Benjamín Scharifker fue rector de la USB entre 2005 y 2009. Cada uno de esos años el gobierno entregó a la universidad la misma cantidad de dinero para trabajar, sin ajustes por inflación. Las universidades públicas, incluyendo a las autónomas, se financian principalmente con el presupuesto que les asigna el gobierno.

Cuando empezó 2009, el presupuesto aprobado por el gobierno era 18% inferior a lo que necesitaba la universidad y en abril de ese año la OPSU decidió quitarles un 6% de ese presupuesto insuficiente. El recorte coincidió con un aumento salarial y un incremento del IVA, lo que obligó a la universidad a reducir sus gastos un 23%.

Scharifker recuerda que después de pagar salarios y becas, el dinero que quedó solo alcanzó para mantener los jardines. Tuvieron que quitar recursos a otras áreas. Por primera vez cancelaron las suscripciones a revistas científicas y actualización de biblioteca. Desde 2009 tampoco reciben recursos para dotar laboratorios ni hacer investigaciones.

Enrique Planchart fue electo rector un mes después y considera que la situación presupuestaria empeoró. Ahora deben entregar un Plan Operativo Anual cada mes de julio al Ministerio de Educación Universitaria, en el que estiman cuánto necesitarán para el año siguiente. En el entorno hiperinflacionario de Venezuela, el cálculo pierde vigencia y para el inicio de año el presupuesto solicitado ya no alcanza.

Además, el ministerio no lo entrega completo. Para 2018, el gobierno autorizó el 10,5% del presupuesto que pidió la universidad en julio de 2017, a pesar de que la solicitud no contemplaba los cinco aumentos salariales decretados después de ese mes, ni la hiperinflación en la que entró el país en noviembre del año pasado.

El 72% del presupuesto aprobado es para pagar salarios del personal, 15% para providencias estudiantiles y 14% para servicios y mantenimiento. Nada para investigación.

La universidad recibe el dinero desde dos instituciones. El ministerio entrega el presupuesto en transferencias mensuales, pero como no alcanza para pagar salarios y becas completas, cada mes deben pedir dinero a la OPSU para cubrir el faltante.

Hasta julio de este año la OPSU entregó 4 veces más dinero para insuficiencias de lo que el ministerio transfirió por presupuesto.

El rector Planchart considera que el problema es que el gobierno no comprende ni respeta el rol de las universidades y su postura crítica. “A este gobierno le causa terror que haya gente, intelectuales, que estén haciendo análisis. Además proponiendo soluciones, porque nosotros no solo criticamos, pero esas soluciones no acompañan las políticas del gobierno”, afirma.

Planchart debió entregar su cargo en 2013, pero no tiene sucesor. Ninguna universidad autónoma ha podido hacer elecciones desde que la Asamblea Nacional aprobó en 2009 la Ley Orgánica de Educación, que impuso nuevas condiciones para elegir sus autoridades. Como lo consideraron una violación a la autonomía universitaria, los rectores pidieron al Tribunal Supremo de Justicia que anulara la ley. Desde 2012 esperan que se pronuncie.

En la USB renunciaron los dos vicerrectores. Como no podían hacer elecciones, la universidad designó a sus sucesores. El gobierno ignoró el nombramiento para el vicerrectorado académico y designó en ese cargo al profesor Luis Holder, que no tenía carrera en la USB, sino experiencia en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y la Universidad Bolivariana. Holder permanece en el vicerrectorado académico aunque la APUSB no lo reconoce.

Con 84 años, Planchart se niega a renunciar. Teme que el gobierno tome el control. El silencio del TSJ hizo vitalicio su cargo como rector.

Egresados como docentes

La Asociación de Egresados de la USB creó un programa llamado “Volver a la Simón”, para permitir que los exalumnos regresen a la universidad como docentes y cubrir algunas de las vacantes.

Mariano Arias es uno de ellos, egresado de la cohorte 1981 y ahora docente de Ingeniería Electrónica. Cuando empezó clases en enero de 2017 tenía 40 estudiantes en su salón, el doble de lo usual. Se inscribieron quienes la habían perdido, los que les tocaba verla ese trimestre y algunos que lograron colarse para adelantarla. Su materia es obligatoria del último año de ingeniería y el trimestre anterior no hubo profesor. Temían que Mariano también abandonara.

El primer trimestre que trabajó en 2017 le pagaron 0,75 bolívares. Trabajó otros períodos ad honorem y a partir de septiembre de 2018 le dijeron que cobraría 7,5 bolívares por los tres meses, el equivalente a 0,075 dólares en la tasa paralela de principios de mes.

La materia que enseña Arias se llama Redes de Computadoras. En ella debe enseñar a sus alumnos a interconectar varios equipos, pero solo cuenta con una computadora que tiene más de 8 años. Su materia debería ser práctica, pero solo puede hacer simulaciones.

“Deberíamos tener suficientes equipos para que esos 20 alumnos puedan sentarse cada uno con una máquina. Más que simularla, deberíamos construir una red real. La hacemos virtual, porque un router, que es un equipo típico de esta clase de redes, cuesta alrededor de 5.000 dólares. Si tengo que comprar 10 routers para que los muchachos trabajen en parejas, estamos hablando de 50.000 dólares”, explica.

Entre 2006 y 2008, los últimos años con presupuesto, el departamento de Electrónica compró nuevos equipos y componentes para las prácticas, algunos mejores que los que poseen otras universidades del país. Han cerrado algunos laboratorios para equipar otros, pero todavía funcionan, destaca el profesor Guillermo Villegas, encargado de los laboratorios.

Sufren algunas materias, como la de Mariano Arias, pero están mejor que otros departamentos. En Química hay laboratorios sin reactivos y no pueden trabajar sin agua, comenta la coordinadora de esa carrera, la doctora Aivlé Cabrera.

Salvavidas desde el extranjero

Los egresados en el extranjero también aportan. En septiembre de 2015 un grupo de exalumnos reunidos en Boston, Estados Unidos, crearon AlumnUSB, una organización de caridad que ha aportado casi 125.000 dólares en donaciones para diferentes áreas de la universidad.

“La iniciativa que utilizamos para crear ese vínculo con la organización y la universidad la llamamos ‘Un café por la USB’ con un hashtag. La idea de #UnCaféxUSB es colaborar lo equivalente a lo que cuesta un café en la ciudad donde vives y tomártelo con colegas egresados”, explica el presidente de la organización, Gabriel Golczer-Gatti, un egresado de licenciatura y maestría en Biología de la USB que ahora cursa su doctorado en Tufts University.

Desde su creación, más de 50 ciudades en el mundo han tomado un café por la universidad. AlumnUSB ha recibido donaciones de 1.191 egresados desde 41 países. También han donado personas externas a la universidad y compañías como Google, Apple y Amazon.

La agrupación es una red para exalumnos y hasta ahora ha ubicado a 25.676 de los más de 44.000 egresados en 97 países, incluyendo Venezuela. Al menos 13.000 de ellos se encuentran en el extranjero.

AlumnUSB ha entregado computadoras, equipos para laboratorios, hasta comida para los ratones del bioterio. Tienen 31 estudiantes becados y en julio de 2018 crearon un programa para entregar bonos de 600 dólares anuales a los profesores.

“Muchos pensamos que no estuviéramos aquí, en Estados Unidos, en Europa, sin la educación gratuita que nos dio la Universidad Simón Bolívar. Es el mismo caso de la Central. Todo fue gratis, sentimos que no pusimos nada y este es el momento de dar de vuelta”, afirma Golczer-Gatti.

En todas las áreas de la universidad reconocen la labor de los egresados, aunque no es suficiente para cubrir sus necesidades. El rector Planchart considera que son el mayor aporte de la universidad, pero lamenta que la mayoría no regresará a Venezuela. Scharifker, su predecesor, coincide en que muchos no volverán, pero destaca que representan una oportunidad.

“A lo mejor durante el lapso de sus vidas, y probablemente la generación posterior, todavía van a tener lazos con Venezuela. Eso va a facilitar el establecimiento de relaciones con otros países”, afirma Scharifker.

Sobrevivir para crecer

La apuesta de crear futuro aumenta en la Universidad Simón Bolívar con dos carreras nuevas: Artes Liberales y Economía. La universidad las había planteado antes del recorte presupuestario en 2009 y, después de 9 años con el plan engavetado, el Consejo Nacional de Universidades las aprobó en julio de este año.

El rector Planchart considera que el gobierno no quería aprobarlas para evitar el crecimiento de la universidad. Ahora que las autorizaron, están dispuestos a abrirlas. El rector afirma que son “relativamente baratas” porque no requieren infraestructura nueva. Lo que necesitan es ocupar los cargos de los profesores que han renunciado para pagar con esas partidas a nuevos docentes.

El profesor Daniel Varnagy, que estudió su pregrado, maestría y doctorado en la USB, y ha sido docente por 20 años, fue coautor del proyecto de Economía. Explica que ya tienen algunos profesores del área por los posgrados que ofrecen y también tienen contactos con docentes interesados en enseñar desde el extranjero. Es posible que las nuevas carreras inicien en septiembre de 2019.

“Hay una serie de cosas sobre las cuales hay que hacer inversiones, pero una parte del recurso humano ya existe, también la infraestructura de la universidad. Lamentablemente la deserción estudiantil hace que haya muchos más salones de lo que nosotros quisiéramos”, explica.

El proyecto de Economía fue estructurado con la participación del Banco Central de Venezuela, entre 2002 y 2004. Varnagy lo planteó hace unos años a Nelson Merentes, pero no obtuvo una respuesta clara. Empezarán, con o sin el BCV.

Es difícil predecir qué pasaría si los esfuerzos fallan y la universidad cierra. Nadie quiere averiguarlo. Si de algo están seguros es que si llega un último día, ahí estarán trabajando.

“La meta y el fin último de la universidad se va a seguir llevando a cabo hasta el último día en que funcione”, promete Varnagy.

La Universidad Simón Bolívar nació para proyectarse en el futuro y lo hace aún en el contexto actual. En tiempos de su fundación, el rector Mayz Vallenilla afirmó que sería el “símbolo de los tiempos por venir”. Para Varnagy, debe ser el faro que guíe a Venezuela. Con un éxodo creciente, menos recursos y la crisis como única certeza, la universidad reinició clases este septiembre. Al menos para quienes pudieron regresar este trimestre.