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Por Clavel A. Rangel Jiménez

Tras el control militar de las minas desde 2018, y el cambio en la configuración de poderes de esos territorios, el norte de Brasil ha sido un nuevo destino de migrantes y refugiados venezolanos desplazados por la violencia en las minas de oro del sur del país. 

Aiskel Andrade es directora del Centro de Estudios Regionales Joseph Gumilla, un centro de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) extensión Guayana, enfocado en el diseño de líneas de investigación relacionados con espacios regionales. La politóloga y doctora en derecho es una de las investigadoras que ha mirado más de cerca la mutación de la región Guayana, las complejidades políticas y militares del territorio amazónico venezolano. Y, más recientemente, la conversión de una ciudad industrial a un corredor migratorio hacia Brasil. 

Esa mutación de polo de desarrollo a puerta de salida migratoria ha sido empujada en parte —sostiene Andrade— por el cambio de poderes en las zonas mineras del sur del país. Entre 2012 y 2019, miles de venezolanos vieron un salvavidas económico en la actividad minera debido a la crisis humanitaria en Venezuela.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Amazonía?

La Amazonía es realidad un concepto que está integrado por factores ambientales, geográficos y socioculturales, y además intervienen elementos políticos-administrativos constituidos por la delimitación legal de cada Estado contemplado en el Tratado de Cooperación Amazónica. En ese sentido, la Amazonía venezolana abarca la región Guayana, que es un enorme territorio de considerable complejidad. No solamente ambiental por la biodiversidad, sino también cultural por la interacción de pueblos indígenas y comunidades locales, que debería estar integrada (a la Amazonía) tanto al interior de los espacios, especialmente por los cambios del modelo económico y de funcionamiento territorial en la Amazonía venezolana que han impactado o impactan negativamente los ecosistemas y la vida de la gente que habita esos territorios. 

No hay que olvidar que el tamaño de la Amazonía puede variar según el criterio que se use para delimitarla: político-administrativo, hidrográfico o ecológico. Cuando se revisa lo que está establecido en los acuerdos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, solo se contempla la Amazonía hidrográfica. Mientras que si consideras el Bioma amazónico y sus múltiples ecosistemas entonces la superficie que ha de considerarse como la Región Amazónica se amplía significativamente. Y eso tiene enorme impacto en relación a las políticas de ordenación y protección del territorio a las que estaría obligado en este caso el gobierno venezolano.

Sin embargo, considero que existe acuerdo entre las organizaciones sociales, los investigadores y los académicos en que es preciso seguir estudiando, inventariando y protegiendo, además de la cuenca propiamente dicha, el bosque húmedo tropical y otros ecosistemas como los humedales, en tanto que reserva de biodiversidad, así como el enorme valor de la diversidad cultural de los pueblos originarios y comunidades locales que habitan ese territorio.

Siempre comento como anécdota que, a pesar de haber crecido en Puerto Ordaz, nunca escuchamos en la escuela la palabra Amazonía. Se hablaba sí del proyecto Guayana, pero no de la Amazonía. ¿Eso ha cambiado?

Absolutamente. Yo creo que esa es una muy buena anécdota, porque efectivamente pienso que sigue siendo así en muchos sentidos. Digamos, tal vez, porque las grandes discusiones de Guayana han sido hacia el interior de Guayana, no para mirarnos en el plano de un mundo más global y más complejo, y de un ecosistema más vasto. En las escuelas sigue siendo así en gran medida. En la universidad (Católica Andrés Bello) el tema se valora, por ejemplo, en los espacios de reflexión sobre la visión y los problemas de la Amazonía, por las investigaciones e informes de derechos humanos de comunidades locales y pueblos indígenas, que ha servido para aunar esfuerzos con otras organizaciones para incorporar el tema y el significado de Amazonía. Estos esfuerzos han sido importantes, pero me parece que hace falta profundizar en las reflexiones, incluso sobre lo que implica la Amazonía desde Guayana y desde la región. ¿Qué significa que somos región Guayana, pero que también somos una región amazónica? ¿Y qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista socioambiental y cultural? Yo estoy segura de que si hiciéramos el ejercicio hoy pasaría como en tu infancia, es decir, los niños no sabrían exactamente ubicarse en que somos parte de un mundo más complejo que es la Amazonía; digamos, no solo la venezolana, sino la Amazonía como espacio social, geográfico y cultural.

¿Ha cambiado nuestra relación con la frontera? Hace 20 años, de pronto, ir a la frontera era tomarse fotos en la línea, ir de turismo. ¿Qué puede notarse de ese impacto migratorio con relación a la frontera con Brasil? 

Sí, ese es un tema interesantísimo. Lo primero es que, ciertamente, la idea de frontera nunca se impulsó con éxito, ni de manera eficaz, pese a algunos esfuerzos que allí se realizaron. A diferencia de lo que ocurría en Brasil, en el territorio venezolano fronterizo con Brasil no se logró constituir relaciones de intercambio más o menos equiparables que dieran complementariedad y funcionalidad entre ambas zonas fronterizas y contribuyeran al desarrollo territorial de Santa Elena, y que como producto de una política de Estado la posicionara como una ciudad fronteriza. 

Esto hubiera impulsado a Santa Elena de Uairén como una ciudad fronteriza integradora y generadora de intercambios económicos, educativos bilaterales, en términos menos desiguales. Lo que se constituyó fue un espacio de acogida en una zona de inmensa potencialidad turística, como era la Gran Sabana, casi todo con esfuerzo privado. Brasil, por su parte, sí ha desarrollado una clara política migratoria de poblamiento de sus fronteras.  

La población de Santa Elena se sirve de Pacaraima: ahí van a estudiar los niños, se atienden en términos de salud. ¿Cuál es el cambio que yo creo? Es más, es negativo en mi criterio. Se fue construyendo una pérdida de identidad que empezó —en principio— por la moneda. Pienso que la gente de Santa Elena se siente más vinculada e integrada con Brasil que con nosotros mismos. El aislamiento, que era propio de Santa Elena, se profundizó con el deterioro de la infraestructura vial y, por supuesto, las dificultades de acceso a Internet. Sin una política clara de ciudad fronteriza, esto hizo que se fuera desdibujando. La educación de los niños tiene implicaciones en la construcción de identidades, pero también en la superación de los desequilibrios económicos, educativos y sociales entre ambos lados de la frontera. Es natural que en zonas fronterizas se produzca una movilidad de personas en ambos sentidos, por diversas causas, pero para que ese intercambio produzca efectos de complementariedad los desarrollos de ambas zonas deben tener similares niveles de desarrollo, y eso no es lo que ocurre de nuestro lado.

Brasil se ha convertido en una opción de desplazamiento. Eso tiene que ver con la política de acogida brasilera, pero también con las posibilidades de desplazarse que tiene la gente. La gente se va asentando en lugares inadecuados e inestables que se ven absolutamente afectados a la hora de inundaciones, por ejemplo.

Los organismos brasileros han registrado una cosa dramática: los grupos que han estado llegando con este aumento de la migración venezolana son los más vulnerables por la ausencia de capacitación y de oficios necesarios para subsistir. Eso, por supuesto, plantea no solo un problema para Brasil, también para las ciudades fronterizas. La gente que vio posibilidades de devolverse se quedó en Santa Elena de Uairén atrapada. Hizo un impacto que sería previsible: un aumento de los problemas sociales.

¿Hay una diferencia notable en la frontera antes y después del comienzo de la pandemia? 

Es fundamentalmente en términos educativos. Durante la pandemia de covid, las escuelas públicas estuvieron absolutamente hacinadas en Santa Elena producto de que los niños no podían pasar a Brasil. Esto significó que tuvieron que estudiar del lado venezolano sin las ventajas formativas que eso generaba. Por supuesto, el tema de la salud. Otro elemento muy grave fue una lentísima actividad económica, que impulsó a pueblos y comunidades indígenas a migrar con más fuerza hacia el sur y los más jóvenes hacia la minería. Es decir, el cierre de la actividad turística dejó una economía muy decaída y deprimida.Yo diría que es el efecto más grave que nosotros pudimos observar. Ahora hay una leve recuperación. Estamos por medirla, estamos procesando los resultados ahora mismo.

Hace unos años estábamos estudiando el desplazamiento interno de venezolanos hacia las minas. ¿Ese fenómeno de migración interna de venezolanos hacia las minas continúa o ha mutado? 

Ha mutado porque una de las consecuencias de la militarización, a través de los operativos que se han implantado en las minas y el control de la actividad minera, es que esa persona, ese minero individual, artesanal, por propia cuenta, ha disminuido muchísimo. Ya no hay espacio para él. Y por supuesto, eso hace que tenga que buscar otras alternativas como Brasil. Nosotros creemos, nuestra hipótesis, es que el aumento de la migración a Brasil tiene razones de salud, pero tiene que ver fundamentalmente por razones económicas y de empleo. Y por eso es que encaja para nosotros en que esa población con muy poca capacitación, mujeres y hombres, que estaban en las minas, son los que están en este momento aumentando el flujo migratorio. Porque estaban en la región amazónica, y por las restricciones para el acceso a la mina han mirado hacia Brasil como una oportunidad de salida.

¿Se puede decir que una determinante en el aumento de la migración ocurre desde las minas hacia Brasil, por la presencia militar fuerte en zonas mineras en Venezuela?

Fundamentalmente, diría que la presencia militar reconfigura las relaciones de poder y de organización de la actividad minera en esa zona. Yo creo que ese es el punto que en este momento ocurre. Si vemos la trayectoria de desplazamiento que tenía, por ejemplo, en términos hipotéticos, una persona de Anzoátegui o Monagas, que era desde donde usualmente venían, se instalaba en una mina porque había una estructura de poder que se lo permitía y lo incorporaba. En este momento eso no es que haya desaparecido, pero se ha reconfigurado bajo el control militar para aumentar la optimización de los ingresos que obtiene el sector militar de la actividad minera. Entonces, por supuesto, eso hace que ese minero ya no pueda insertarse tan fácilmente y se haya ido a Brasil. Estamos convencidos de que el aumento notorio de la migración a Brasil tiene que ver con esto. Cuando tú revisas los datos del número de empresas asociadas, por ejemplo en El Callao, cuando ves la disminución en el número de autobuses en que se trasladan desde Guayana hasta El Callao, te das cuenta que efectivamente hay una severa restricción de la actividad minera individual o artesanal. Entonces eso está movilizándose, al menos en nuestra hipótesis, hacia Brasil, porque no ha dejado de moverse. Valga decir que hay que acudir a estos datos por la ausencia de cifras oficiales que permitan evaluar las transformaciones que han ocurrido en la actividad minera.

En Brasil ha sido muy exitosa la reubicación voluntaria de los migrantes venezolanos desde la frontera hasta otras ciudades del país. Pero en cuanto a las comunidades indígenas, ¿hay un entendimiento de cómo abordar esto?

Eso siempre es complejo. La mayoría de las comunidades asentadas en Brasil son del pueblo Warao, y eso no es un dato menor. La mayoría de las organizaciones internacionales han hecho su mejor esfuerzo para tratar de manejar culturalmente el tema. No es sencillo, sin duda alguna. Yo lo que creo es que el asunto es, y siempre me lo pregunto, si en realidad deberíamos desarrollar una política de Estado que garantizara su presencia en sus territorios. Porque evidentemente es una población, que aunque se adapta fácilmente por lo que conocemos de ella, se adapta en condiciones muy precarias.

¿Cómo ha cambiado Santa Elena de Uairén de convertirse en un sitio turístico a una puerta de salida migratoria? 

Santa Elena no tenía la estructura ni la infraestructura ni la ordenación necesaria para convertirse en un lugar de acogida y de paso para una migración de ese tamaño. Entonces, por supuesto, además de la presión por los servicios eso generó espacios provisionales que han ido aumentando las condiciones de vida insalubres alrededor de espacios absolutamente desarticulados, social y ambientalmente. Entonces, eso genera una transformación de esa localidad que no progresó nada. Santa Elena es hoy una ciudad de paso, destartalada, que tiene esa presión. Ha significado, además, vivir en espacios inundables. Eso hace que la ciudad, desde el punto de vista ambiental, esté absolutamente fuera de todos los estándares y todos los cánones de lo que debería ser una ciudad fronteriza.

Y políticamente, ¿el municipio Gran Sabana recuperó gobernabilidad?

Si hablas de cierto orden, probablemente sí. Pero digamos que este es no solamente un municipio fronterizo, sino que es un municipio netamente amazónico. Entonces, al ser un municipio netamente amazónico, eso lo hace complejo el punto de vista cultural, pero además lo hace complejo el punto de vista del manejo de las áreas bajo régimen de administración especial, que no existe, pero están ahí. Por supuesto que debería haber una política nacional. Hay muchas limitaciones, incluso para que un alcalde pueda asumir las responsabilidades que le corresponde, pero además no tiene la capacidad de gestión. Y, lógicamente hablando, es ingobernable pues hay una absoluta incapacidad de resolver los problemas de la gente. Porque, bueno, no tiene recursos. El mayor intercambio ocurre porque esta es una zona de paso, incluso para el gobierno nacional. La alcaldía es un espectador de la cantidad de transporte que pasa de Brasil hacia Venezuela. Pero eso no pasa por impuestos que sean para la comunidad, son impuestos nacionales, son impuestos de importación. Es decir, es una política nacional, pero que no llega a la gente, que no llega  a la salud de la gente, que no llega la educación de la gente. Por eso lo hace, en mi criterio, un municipio absolutamente ingobernable. 

Después de los hechos violentos ocurridos en 2019 contra la comunidad indígena pemón de Kumarakapay*, ¿el Consejo de Capitanes Indígenas del Pueblo ha podido restablecer su actividad? 

Yo pienso que arrasó con ellos. Es al menos la evidencia de lo que hicieron. Es verdad que la presencia militar llega con más fuerza hasta el municipio Sifontes, pero esa presión que se ejerció sobre los líderes y capitanes indígenas, y la presión que se sigue configurando para cooptar toda forma de organización indígena, está vigente. Evidentemente, eso disminuye la capacidad de lucha y las posibilidades de reivindicación de derecho que se tuvo. Es la amenaza a los líderes y lideresas indígenas. Por supuesto que hace que haya una especie de quietud en relación a esa capacidad organizativa.

Ahora con Lula en Brasil, y con un eventual cambio de gobiernos en América Latina, ¿se vislumbra un cambio en la política migratoria? ¿Cómo afectará esta puerta de salida?  

En el caso de Brasil es una política de Estado bastante consolidada. Creo que, por el contrario, lo que puede es fortalecerse. Sí me preocupa, en la medida en la que el deterioro económico y social venezolano no se pare, eso puede empezar a hacer aguas esa política.  No es cierto que el sistema de salud brasilero público se haya deteriorado por razón nuestra, pero sí creo que el plan de acogida le impone presión. El gobierno federal le está dando a los estados y municipios relocalización de venezolanos, pero eso puede llegar a un punto en que sea insuficiente, porque creo que además el problema de desigualdades y de brecha está en toda América Latina, que va a ser complejo. Esto es lo que me preocupa más. Pero yo creo que es muy importante detener la crisis de empleo, ingresos y capacidad de consumo, que es la que ha generado el mayor nivel de desplazamiento venezolano en este momento, al menos por esa frontera. Esa crisis ha deteriorado la vida de la gente sencilla que no tiene ya modos de soñar ni de pensar el futuro.

¿Cómo se siente en la región, en Ciudad Guayana, el impacto migratorio? 

Se siente en la disminución de la capacidad productiva, que se expresa en un deterioro progresivo del tamaño de la economía de la ciudad. Se siente en la disminución del tráfico, en la disminución de las matrículas en los colegios y en las universidades. Se siente en todo la dinámica de la ciudad. Esta es una ciudad distinta. Alguien me decía que no es Parapara de Ortiz (Guárico). Y yo le dije: no todavía. Yo a veces tengo la pesadilla que nos convertimos en Parapara. Y eso tiene que ver porque no hay signos de cambio. Esta es una ciudad que no tiene estructura productiva, donde nada se mueve. Y eso impulsa a que ya no solamente los jóvenes se vayan, sino que también ha aumentado la migración de personas de la tercera edad. En Venezuela eso se empieza a notar.  Esa es la nueva fase de migración.  

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* En 2019 funcionarios militares participaron en hechos violentos en la comunidad indígena pemón Kumarakapay en la carretera Troncal 10 hacia Santa Elena de Uairén, según la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Cuatro indígenas, entre ellas una mujer, murieron por impacto de bala y otros 12 indígenas resultaron heridos en la comunidad, lo cual produjo el desplazamiento de parte del pueblo pemón a Brasil y el cese de la actividad turística. Otras dos personas murieron en Santa Elena de Uairén por impacto de bala.  Las instancias de DDHH no han podido confirmar que se haya realizado una investigación judicial sobre este hecho. La violencia dejó  1000 indígenas pemón de Kumarakapay y otras comunidades desplazadas hacia el lado brasilero de la frontera, en las aldeas de Taurau Parú y Sorocaima, en Brasil,  bajo el amparo las autoridades legítimas indígenas y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.